Luis Antonio Hernández Barbosa es un burócrata tradicional de la rama judicial, formado en la universidad Libre -cuna de buena parte de los jueces colombianos-. Se ha paseado por todas las entidades. Fue fiscal, magistrado auxiliar y juez penal.
Su trayectoria, de más de 30 años, le ha servido para crear un aparato clientelista impresionante. Cientos de funcionarios de la justicia -incluida la fiscalía- son ahijados suyos. Quienes conocen a Hernández, saben de su debilidad por lograr que recomendados suyos lleguen a puestos clave en los que puede, por supuesto, meter la mano y direccionar decisiones.
Así han operado, desde siempre, los delincuentes que integran al ‘cartel de la toga’. A través de cuotas suyas en despachos judiciales de todos los niveles, compran, venden y manipulan fallos judiciales.
Hernández Barbosa y su lugarteniente, el ahora exmagistrado Barceló, pasaron de agache cuando estalló la crisis que puso en el ojo del huracán a Leonidas Bustos y a Gustavo Malo. Hasta ahora, ni la prensa ni la justicia se han atrevido a ventilar los hechos que ponen en evidencia su corrupción.
Lo que sí se conoce ampliamente es su sesgo político. Tanto Hernández como Barceló son enemigos a muerte del uribismo. Tal es su obsesión, que en medio de las juergas que organizan anuncian, en absoluto estado de embriaguez, ordenes captura y apretura de investigaciones contra el exmandatario o sus principales aliados y colaboradores.
Ha trascendido que la sala plena de la corte suprema de justicia expresó su malestar frente a las recientes declaraciones de Luis Antonio Hernández a Noticias Caracol, entrevista en la que ese magistrado -que además es presidente del máximo tribunal de Colombia- mandó mensajes muy delicados en contra del presidente Uribe, refiriéndose al proceso temerario que se adelanta en su contra.
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Hace unos meses, cuando una juez inquirió ante la corte suprema si ella era competente para definir la libertad del presidente Uribe, el propio magistrado Hernández se declaró impedido para intervenir en ese debate, impedimento que le fue aceptado por todos los demás miembros de la corporación.
Cuando un juez está impedido para participar en un caso, ese impedimento es de todo orden. Hernández, ha dicho que las malhadadas y desafortunadas declaraciones a Noticias Caracol fueron brindadas a “título personal”, excusa que raya en la estupidez. Un magistrado, menos un presidente de la corte, puede desprenderse de su investidura para opinar sobre un proceso penal.
Si el señor Hernández, que en realidad es un activista político disfrazado con una toga, quiere dar opiniones personales, corresponde que renuncie a su cargo, que saque a los centenares de cuotas suyas que tiene regadas por los juzgados del país, y ahí sí podrá hacer cualquier tipo de pronunciamiento.
La justicia colombiana no está desprestigiada por las críticas que les hace la sociedad, sino por la corrupción de sus magistrados, por la sucia politización de muchos de ellos, como es el caso puntual y específico del señor Luis Antonio Hernández Barbosa quien, en vez de manipular a la juez que atenderá la diligencia de preclusión del presidente Uribe, debería tener el coraje de mostrarle al país el listado de inmuebles de su propiedad, no importa si están a nombre suyo o de terceros, léase testaferros.
Publicado: marzo 22 de 2021
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