En recientes declaraciones de prensa, el magistrado y presidente de la corte suprema, Luis Antonio Hernández, cruzó una línea inaudita, al pretender contaminar la decisión que en los próximos días habrá de adoptar una juez de la República en relación con la solicitud de preclusión que la fiscalía general presentará, en el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Hernández, amigo de copas y andanzas de José Luis Barceló -y de otros miembros del ‘cartel de la toga’- destapó sus cartas y sin el menor esfuerzo por disimular su odio hacia el exmandatario, lanzó una serie de ataques delicadísimos, con los que se ratifica el talante miserable, politiquero, tramposo y canalla de un nutrido grupo de magistrados de la corte, entre quienes se encuentra él.

Resulta altamente preocupante que el presidente de la corte suprema se refiera a un proceso que deberá resolver un juez de la República y en el que la corte suprema no tiene participación ninguna. El interés suyo -de Hernández- es apodíctico: que el presidente Uribe vuelva a la injusta detención que en su contra decretó el prevaricador contratista Augusto Reyes.

En la entrevista, Hernández de manera temeraria dijo que la fiscalía estaba haciendo equipo con los abogados defensores del presidente Uribe. Curioso que semejante señalamiento, completamente falaz, lo haga quien en el pasado ha negociado sentencias y adoptado decisiones judiciales en medio de bacanales en las que la dignidad es desplazada por la perdición.

Igualmente, lanzó una amenaza muy delicada, la cual debe ser valorada contundentemente por los colegios de abogados. Señaló, como una sucia fiera que expele babaza contaminada, que los abogados de Uribe, quienes han ejercido cono pundonor la defensa del exmandatario, deben ser investigados. Muy grave que el nadie menos que el presidente de la corte suprema ande solicitando investigaciones y sanciones contra quienes ejercen la profesión del derecho. Para nadie es un secreto que Hernández y sus compinches han hecho hasta lo imposible por llevar a Álvaro Uribe a una cárcel. Lo novedoso es que ahora amedrenten a sus abogados con el sórdido propósito de pasarles cuenta de cobro por haber puesto en evidencia el montaje que ellos -los magistrados apandillados- erigieron en contra del exmandatario.

Otrora, los malhechores cubrían sus rostros con pasamontañas y antifaces. Ahora, al parecer, los peores delincuentes se limitan a poner sobre su ropa una toga que les otorga una amplia licencia para delinquir.

Del mismo modo, es gravísimo que desde el sucio pedestal sobre el que temporalmente está parado el señor Hernández, pretenda darle lineamientos a la jueza, asegurando que ella tendrá que revisar el expediente que salió de la corte. Una mentira y un absurdo absolutos. La providencia emanada de la sala de instrucción -el miserable auto de las 1550 páginas que redactaron Reyes, Cepeda, el ‘colectivo de abogados’ y demás- perdió toda validez en el mismo instante en el que la fiscalía asumió la competencia para investigar al expresidente Uribe Vélez.

Así que la “obra maestra” de Reyes Medina es un arrume de papel que bien puede ser utilizado para limpiar las ventanas o envolver los ceniceros de la corte suprema.

En las democracias sólidas, los jueces son personas impecables que hablan a través de sus providencias. En cambio, en Colombia el presidente de la corte suprema otorga declaraciones sobre el proceso contra el presidente Uribe, con lo que se constituye un espectáculo nauseabundo. Si el sujeto Hernández quiere hacer política, debería ser corajudo, renunciar a su cargo, pedir aval en las sedes de cualquier partido socialcomunista -las Farc, por ejemplo- salir a la plaza pública y darles a los uribistas la bella oportunidad de pulverizarlo en la gesta democrática.

@IrreverentesCol

Publicado: marzo 16 de 2021