Los que dicen que la justicia debe ser igual para todos y que las decisiones de los jueces y fiscales deben ser respetadas a rajatabla, ahora se contradicen y atacan con virulencia al fiscal general, Francisco Barbosa por la imputación de cargos que se le hará al cuestionado exgobernador y candidato presidencial, Sergio Fajardo.

Hace unos meses, el contralor Felipe Córdoba también le imputó cargos fiscales por el desgreño y la falta de transparencia en la ejecución de la obra de Hidroituango, donde se dilapidaron y desaparecieron más de $2 billones de pesos de los colombianos.

Al parecer, el doctor Fajardo no es muy riguroso cuando de cuidar los recursos públicos se trata. En criterio de la fiscalía, él no observó sus deberes como ordenador del gasto cuando, en su condición de gobernador de Antioquia, negoció y celebró un contrato de sustitución de deuda pública sin que se hubiera hecho el respectivo análisis de conveniencia.

Lo cierto es que el negociado le ha costado más de $300 mil millones de pesos a los antioqueños.

En consecuencia, a Fajardo le serán imputados los delitos de celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.

Los inconformes, alegan que es inconcebible que la imputación tenga lugar a un año de las elecciones. ¿Acaso la condición de candidato presidencial concede licencia para delinquir y certificado de indemnidad penal plena?

Aspirante o no a la presidencia, Fajardo debe responder ante la justicia. No pude escudarse tras su condición política para restarle legitimidad o poner en tela de juicio la investigación, rigurosa por demás, que ha venido adelantando en contra suya la fiscalía general de la nación.

El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, que fue condenado a más de 17 años de cárcel en el marco del escándalo de Agro Ingreso Seguro, también fue denunciado e investigado por los mismos delitos que le serán imputados a Fajardo, siendo precandidato por el partido conservador a la presidencia de la República. En ese caso, ¿la justicia metió sus manos para atajar a un posible presidente de la República?

Dura lex, sed lex – Dura es la ley, pero es la ley- es un brocardo incorporado por los romanos y que constituye uno de los principios generales del derecho.

Preocupa que sectores políticos colombianos que aspiran a gobernar al país, sin conocer las pruebas que obran en el expediente, lancen ataques desbordados contra la fiscalía en reacción a la imputación anunciada. Fajardo ha estado durante muchos años gozando de una aborrecible impunidad. Sus gestiones al frente de la alcaldía de Medellín y de la gobernación de Antioquia están colmadas de irregularidades y de actos evidentemente ilegales.

Una vez más, debe insistirse en la necesidad de investigar hechos tremendamente reprochables como la alianza criminal que se gestó en la capital antioqueña durante la era fajardista con estructuras armadas al margen de la ley, específicamente la denominada oficina de Envigado, grupo que pertenecía al temible jefe paramilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.

Aquel maridaje, que consistió en que los criminales no arrojaran los cadáveres de sus víctimas dentro de los límites de Medellín -para que las cifras de criminalidad bajaran artificialmente- fue conocido como la donbernabilidad.

Llegó la hora para que el gaseoso y evasivo Sergio Fajardo responda por sus actuaciones. La justicia cojea, pero llega.

@IrreverentesCol

Publicado: abril 5 de 2021