En 1985, los terroristas del M-19 tomaron el Palacio de Justicia con dos objetivos fundamentales: desaparecer los expedientes contra Pablo Escobar y someter a ‘juicio revolucionario’ al presidente Belisario Betancur, a quien señalaban de haber incumplido unos supuestos acuerdos de paz. 

El gobierno reaccionó como correspondía, sin doblegarse frente a las demandas de los antisociales que, desesperados, resolvieron prender fuego al recinto, causando una catástrofe de incalculables consecuencias. El M-19 quemó vivas a más de 90 personas, entre ellas los magistrados de la corte suprema de justicia. 

35 años después de esa tragedia, los miembros de la tal minga buscan someter al presidente Iván Duque a otro ‘juicio’, esta vez de corte indígena.

Los aborígenes que llegaron a Bogotá tienen el propósito de poner contra las cuerdas al gobierno nacional. Los líderes de ese movimiento abiertamente irregular, han notificado al país de que se trata de una revuelta con fines supuestamente “políticos”.

Que nadie se engañe: esa minga tiene el claro propósito de desestabilizar al gobierno legítimo de Colombia. 

Los indígenas colombianos, debidamente respaldados por células de extrema izquierda y de grupos al margen de la ley, buscan aplicarle al presidente Iván Duque la misma fórmula que en el año 2000 fue implementada en Ecuador, cuando la horda vernácula derrocó al gobierno de Jamil Mahuad, con el respaldo de sectores comunistas incrustados en las fuerzas armadas de ese país. 

De manera clara, el presidente Uribe ha hecho la advertencia, al invitar a apoyar “la decisión presidencial de no someter la institución ni la persona del Presidente al juicio político de extremistas infiltrados que abusan de la buena fe de muchos indígenas para convocar a ese juicio”. 

No se pueden confundir los papeles. Ninguna relación tiene la protesta pacífica con la conjura que se ha montado en contra del gobierno nacional. Una masa amorfa integrada por la extrema izquierda, el narcotráfico, los terroristas de las Farc y Eln son los cerebros del complot que, disfrazado de minga, busca la remoción de Iván Duque.   

Y cuando de defender la institucionalidad se trata, es perentorio no descartar ninguna alternativa. Es función constitucional del presidente de la República “dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las fuerzas armadas de la república” y “conservar en todo el territorio el orden público y reestablecerlo donde fuere turbado”.

Esa minga es, a todas luces, un movimiento revoltoso y golpista. El diálogo es dable de cara situaciones enmarcadas dentro de las normas. Pero cuando se trata de una acción evidentemente ilegal, sólo hay espacio para la contención a través del uso legítimo de la fuerza. 

El primer mandatario de los colombianos está en la mira del terrorismo, situación que no es en absoluto tolerable ni admisible.

@IrreverentesCol

Publicado: octubre 20 de 2020