Sergio Fajardo no puede evadir su responsabilidad. Debe explicar su papel en el establecimiento de la denominada “Donbernabilidad” en Medellín.

Sergio Fajardo es un hombre escurridizo, que evade debates y elude responsabilidades. Nunca plantea una posición firme respecto de algún tema candente. Cuando se le conmina, se sale por la tangente y cambia el sentido de la conversación.

Con el argumento baladí de que los grandes temas nacionales están por encima de cualquier rencilla política, le ha sacado el cuerpo a dar explicaciones concretas sobre su responsabilidad en asuntos que requieren ser aclarados. Ejemplo de ello, el crecimiento y consolidación de estructuras criminales organizadas en la ciudad de Medellín, mientras él fue alcalde y Alonso Salazar, secretario de gobierno de la capital antioqueña.

Desde entonces, se acuñó el término de la Donbernabilidad, para hacer referencia al impresionante poder de la banda ilegal que lideraba el hoy extraditado Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.

Con posterioridad a la desmovilización del denominado bloque Cacique Nutibara de las AUC, la cual tuvo lugar a finales de 2003 –fue la primera organización de las autodefensas en entregar sus armas-, en Medellín se empezaron a reorganizar estructuras delincuenciales en el marco del programa de reincorporación que ejecutaba la alcaldía , particularmente la secretaría de gobierno, en cabeza de Alonso Salazar.

Del Cacique Nutibara se desmovilizaron 855 personas y de inmediato se inició el proceso de inserción de esas personas a la sociedad, a través de un proyecto muy ambicioso que trazó el gobierno del presidente Uribe para evitar al máximo la reincidencia de esas personas en actividades ilícitas. Lo que despertó sospechas en el alto gobierno fue le hecho de que el alcalde Sergio Fajardo y Alonso Salazar se saltaran los conductos regulares y establecieran una interlocución directa con Don Berna. Desde entonces, empezó a sospecharse de la existencia de un acuerdo clandestino para mantener controlado el orden público en la capital de Antioquia, no por fuerza de la autoridad sino por cuenta de un pacto subrepticio entre las autoridades locales y el otrora poderoso jefe criminal, alias Don Berna.

La calma se mantuvo y el alcalde Sergio Fajardo, orgullosamente pudo exhibir unas maravillosas cifras en materia de reducción de la criminalidad, las cuales fueron heredadas por Alonso Salazar, quien lo sucedió en la alcaldía.

A partir del 13 de mayo de 2008, cuando el gobierno del presidente Uribe ordenó la extradición de los máximos jefes de las AUC, entre los que se encontraba Diego Fernando Murillo Bejarano, la situación de orden público en Medellín se empezó a deteriorar aceleradamente, poniendo en evidencia de que en efecto la tranquilidad que se vivía era ficticia e impuesta por un criminal y no como consecuencia de un plan específico de quienes llevaban los destinos de esa ciudad.

En momentos en los que el exsecretario de seguridad de esa ciudad, Gustavo Villegas, es llevado a la cárcel, señalado de tener vínculos con la denominada Oficina de Envigado, que no es otra cosa que una “patente” bajo la que delinquen las distintas estructuras herederas del poderoso entramado de alias Don Berna, no está de más que los exalcaldes Sergio Fajardo Valderrama y Alonso Salazar brinden las explicaciones correspondientes, pues lo cierto e incontrovertible es que el pacto sellado con Murillo Bejarano en 2003, permitió que silenciosamente fueran enervándose bandolas fuertemente armadas y fabulosamente ricas que hoy tienen a Medellín absolutamente sometida.

El doctor Fajardo, tan hábil a la hora de evadir debates de fondo, no puede seguir avanzando en su candidatura presidencial sin dar las explicaciones que el país está demandando y, si es del caso, asumir las responsabilidades que le correspondan.

@IrreverentesCol

Publicado: julio 11 de 2017