Como toda Colombia estoy triste e indignada. En vísperas de la Navidad, la época en que los niños deberían estar ilusionados con la llegada del Niño Dios, una humilde niña de 7 años, hija de una familia desplazada por la violencia, padeció la más horrible muerte en manos de un depravado sexual. El arquitecto javeriano Rafael Uribe Noguera la secuestró, la torturó, la violó y la asesinó. Imaginarme los últimos minutos de la vida de esa bebé me da escalofríos.

En un país en el cual hay miles de niños violados y asesinados al año, que el caso de la pequeña Yuliana Samboní haya impactado se lo atribuyo al hecho de que el depravado sexual en este caso es miembro de una de las familias tradicionales de la capital. La razón para tal conclusión es que el único factor diferencial entre este crimen y el resto es la alcurnia del agresor.

El día que estalló el escándalo salieron muchas personas a manifestar su repudio en redes sociales. Me llamó poderosamente la atención un trino de Ángela María Calderón (@angelamaria29), encargada de las comunicaciones de las regiones de la Presidencia de la República: “Ni un solo beneficio o rebaja para quien secuestró, violó y asesinó a niña de 7 años @FiscaliaCol Néstor H. Martínez”.

Cuando lo leí me fue imposible no pensar en los centenares de niñas que corrieron con la misma suerte en manos de las Farc. Es de conocimiento público que algunas de las niñas reclutadas fueron o siguen siendo utilizadas como esclavas sexuales de los comandantes guerrilleros. Muchas de ellas no alcanzaban la edad de los 10 años. Algunas adolescentes que sufrieron la tragedia adicional de quedar embarazadas, fueron obligadas a abortar. Durante esos abortos muchas murieron. Sin embargo, para esos depravados sexuales no habrá pena de 60 años,  ni escarnio público, y en vez de eso habrá el premio de ser congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, ministros e inclusive presidentes. El argumento que nos han dado para aceptar semejante despropósito es que “es preferible verlos en el congreso que matando en el monte”. ¿Será que ese mismo argumento le aplica a Uribe Noguera? ¿Será preferible verlo en el congreso que delinquiendo en Bogotá? En mi opinión no. No es preferible verlo en el congreso, como tampoco es preferible ver a las Farc en el congreso. Esto no es cuestión de preferencias, es cuestión de aplicar la justicia a todos por igual.

Tampoco pude dejar de pensar en la indignación que sentirán los padres de esas niñas cuyas infancias fueron arrebatadas por esos criminales, cuando los vean desfilando por el congreso de la república. Si yo fuera la madre de una de esas niñas me hubiera sentido enferma viendo la foto de la selfie del senador Armando Benedetti con el terrorista Timochenko.  ¿Será capaz de tomarse una selfie con Uribe Noguera? En mi opinión no habría ninguna diferencia, excepto numérica, ya que el arquitecto mató y abusó de una niña, mientras que las Farc les hicieron lo mismo a centenares de niñas.

Con ésta reflexión en mente decidí mandarle un comentario respetuoso a la funcionaria pública Ángela María Calderón:

“Ni un solo beneficio para los secuestradores, violadores y asesinos de menores. Incluyendo a las Farc”.

Para mi sorpresa, la respuesta de la funcionaria de presidencia fue bloquearme. De ese momento en adelante la señora Calderón se dedicó a bloquear a todo aquel que osara escribirle en el mismo sentido e inclusive a todos aquellos que replicaron mi mensaje. Fueron de tal magnitud las bloqueadas de la funcionaria que el hashtag #AngelaMeBloqueo fue tendencia a nivel nacional. No deja de ser irónico y de paso cómico que esta funcionaria pública, cuyo salario millonario sale de nuestros impuestos y cuya única función es comunicar, resulte ser una pésima comunicadora.

La actitud de la señora Calderón es un mero síntoma de la política gubernamental de callar y de hacerse el de los oídos sordos ante cualquiera que adopte una posición contraria a lo que ellos dicen o piensan. Esa es la misma actitud que los llevó a perder el plebiscito.

Concluyo con una reflexión: la justicia es un principio moral que lleva a dar a cada cual lo que le corresponde para mantener la armonía en una sociedad. Ante un acto criminal, al victimario le corresponde pagar la condena establecida en la ley. Esto no equivale a venganza, pues el acto de pagar la condena tiene un sentido reparador y ejemplarizante no solo para la sociedad,  sino para la víctima y su familia. A Uribe Noguera le corresponderá pagar 60 años de prisión por el crimen contra Yuliana. A los miembros de las Farc que cometieron crímenes similares también les correspondería pagar su condena. Si esto no sucede, no habrá reparación moral, elemento necesario para el perdón. Seguiremos siendo una sociedad enferma de resentimientos incapaz de seguir adelante con un proyecto de país.

PD. El dolor de padres es igual, independientemente del victimario. ¡Justicia, justicia! Para todas las Yulianas de Colombia.

@ANIABELLO_R