“Institucionalmente la persona tiene que haber sido vencida en juicio” Con esta vehemente declaración ante los medios, respondió la rectora de un prestigioso colegio, cuando le preguntaron sobre la denuncia que, por acoso sexual, recaía sobre diez docentes de su colegio.

Estas infortunadas palabras, que buscan justificar a presuntos predadores sexuales, dibujan el silencio cómplice de quienes tienen la obligación de proteger a los estudiantes, ante una realidad dolorosa y aberrante, como es el abuso y acoso sexual de que han sido víctima miles de niños en colegios y escuelas, actos cometidos por parte de sus propios docentes. Esos a los que en la casa nos enseñaban a llamar, “nuestros segundos padres”

Las cifras son aterradoras, y aunque en este caso hablaré solo de los casos que se conocen de manera oficial, la realidad es que son cientos de estudiantes los que a diario sufren acoso y abuso sexual por parte de sus profesores, como en el caso reciente de dos docentes en el Cauca, destituidos e inhabilitados por 15 años tras abusar a niñas de menos de 14 años.

El tema no es nuevo. Solo en el 2016, se registraron 326 casos de abuso sexual perpetrados por profesores en contra de estudiantes en el País. Para 2018, solo en colegios distritales de Bogotá 116 docentes estaban siendo investigados por casos de acoso y abuso sexual, en tanto que al menos otros 130 estaban en la lupa de las autoridades. Ese mismo año, 21 profesores de Cali fueron investigados y retirados de sus cargos. 11 docentes y un administrativo investigados por acoso sexual en la Secretaría de Educación del Huila, y en el Meta, 22 casos están en etapa de investigación por parte de la Fiscalía, y 5 docentes ya fueron investigados y sentenciados por casos ocurridos Mapiripán, Acacías, Granada, Puerto López y La Macarena.

Lo triste, es que en la mayoría de los casos, los docentes ni siquiera son retirados de su actividad, sino que son trasladados a otros municipios y departamentos donde siguen ejerciendo su actividad bajo la mirada impoluta de entes que como FECODE, entidad que agremia al grueso de los docentes en Colombia, parece estar ocupada en su afán por seguir convocando paros y marchas, apoyando a grupos políticos opositores al Gobierno, antes que velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes víctimas de acoso y abuso sexual por parte de los docentes que agremia.

Llama la atención el boletín número 13, emitido hace pocos días por esa agremiación, en la que condena la violación a una niña indígena y hablan de “la descomposición del Ejercito Nacional y la podredumbre de la justicia colombiana”

Sin embargo, se ve la doble moral de los directivos de una agremiación que no se pronuncia ante tantos casos de docentes investigados por acoso y abuso sexual, aun cuando las víctimas son niños cuyas edades oscilan entre los 6 y 17 años de edad, y muchos casos quedan impunes porque las víctimas por ser precisamente niños tienen miedo a defenderse.

Valoro profundamente el enorme trabajo educativo que adelanta el magisterio colombiano. También es de aclarar que no se trata de estigmatizar a todo el profesorado ante esta ignominia.

Pero no es menos cierto que Fecode le debe una respuesta clara y precisa al país. Su silencio cómplice anta tantas aberraciones pone en grave peligro la integridad de miles de niños en Colombia.

No puede ser quienes tienen el deber implícito de velar por el estudiantado colombiano, no solo se dediquen a torpedear adrede los procesos educativos, para conseguir mezquinos intereses, sean los mismos que hoy guarden silencio ante la infamia, protegiendo a predadores sexuales que se esconden detrás de un pizarrón desde donde acechan a nuestros niños.

@JenniferAriasF

Publicado: julio 16 de 2020