Durante décadas, los terroristas colombianos llevaron a cabo uno de los peores ecocidios cometidos en la historia de la humanidad.
Aquel crimen, que puso en grave riesgo a distintas especies, se materializó a través de prácticas sistemáticas de minería ilegal, donde se taló de manera indiscriminada cientos de hectáreas de boque nativo, se contaminó agresivamente las fuentes hídricas con el vertimiento de miles de litros de agentes químicos de altísima toxicidad, por no hablar del irreversible impacto ambiental que tuvo la brutal voladura de oleoductos.
Cuando Santos era ministro de Defensa del presidente Uribe, en un foro sobre el medio ambiente que tuvo lugar en la ciudad de Miami, Florida, sostuvo que “hoy en día, siendo el principal cartel de la droga en el mundo, involucrado no solo en el cultivo sino en el procesamiento y tráfico de cocaína, junto con ataques contra la infraestructura petrolera, las Farc han agregado otro crimen a su larga lista de actos horrendos: el ecocidio”. Más adelante, en su intervención, el Santos que posaba de vertical contra las Farc, manifestó que “los ataques perpetrados contra los oleoductos a lo largo de los últimos 20 años suman 3.2 millones de barriles de crudo derramado, equivalente a más de 12 veces la cantidad derramada en el desastre del Exxon Valdez en 1989”.
El tiempo se encargó de confirmar que a Santos, un auténtico estafador político, le tenían sin cuidado sus denuncias. Estaba aprovechándose de la inmensa popularidad del presidente Uribe y de su política de Seguridad Democrática para gestar su candidatura presidencial. Con la victoria en sus manos, traicionó a sus electores y procedió a negociar la rendición del Estado ante la banda terrorista Farc.
Con el mismo desparpajo con el que perdonó los crímenes atroces de las Farc, pasó de largo ante el ecocidio llevado a cabo por esa banda a la que él mismo señalaba en foros internacionales.
En días pasados, un grupo de congresistas de extrema izquierda, apoyados por miembros de la banda terrorista Farc como Victoria Sandino, Marcos Calarcá y Pablo Catatumbo, le enviaron una carta al presidente Duque en la que le exigen que en Colombia no se implemente la eficaz y necesaria exploración de petróleo a través de la fracturación hidráulica, conocida peyorativamente como fracking.
En dicha carta, se lee que “hoy más que nunca, los colombianos tenemos claro que la técnica experimental del frackingconlleva altos riesgos ambientales, de salud pública y, especialmente, riesgos para comunidades que habitan en las zonas donde se desarrollarían los proyectos”.
Ahora las Farc, esas mismas que volaron oleoductos indiscriminadamente, que destrozaron los ríos de Colombia, que mataron campesinos como consecuencia de los atentados terroristas contra la infraestructura petrolera, que volvieron trizas cientos de miles de hectáreas por cuenta de la minería ilegal, tienen la desfachatez y el cinismo de exigirle al gobierno nacional que se abstenga de llevar a cabo proyectos que implementen nuevas alternativas de exploración para la extracción de hidrocarburos.
Los suscriptores de la misiva, invocan la existencia de “evidencias científicas” que, según ellos, demuestran la inconveniencia del denominado fracking. Valdría la pena que esos individuos pasaran de la simple enunciación e hicieran exhibición y sustentación de las supuestas pruebas que dicen tener o conocer.
En su libro Saudi America, la experta Bethany McLean, quien ha estudiado ese asunto a profundidad, destaca que gracias a la implementación del Fracking, los Estados Unidos se convirtieron en muy poco tiempo en uno de los principales productores mundiales de petróleo y gas natural.
Acá, la discusión debe estar guiada, ante todo, por la realidad económica: Colombia necesita ampliar su capacidad de producción. En estos pocos meses de gobierno del presidente Duque, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ha implementado una estupenda política petrolera que ha sido aplaudida por la industria y ha servido para reactivar un sector que durante el gobierno de Santos fue permanentemente maltratado, al punto de que en los últimos 5 años no se había suscrito un solo contrato de exploración costa afuera en nuestro país.
En los 6 meses del gobierno Duque, ya se han celebrado tres contratos y en las próximas semanas este número aumentará a 9.
En los asuntos de hidrocarburos, la discusión debe darse con evidencias ciertas, con cifras en la mano y no con discursos socialistas. Quien dude de aquello, que se dé una pasada por Venezuela, país que durante el régimen chavista pasó de producir más de 3 millones de petróleo al día, a poco más de un millón. Y la consecuencia inmediata de aquella caída es el hambre y la miseria que hoy padecen quienes habitan en aquel país.
Publicado: marzo 14 de 2019
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