Gran debate se ha generado en Colombia por cuenta de la inminente llegada de responsables de crímenes atroces al Congreso de la República, tal y como lo anunció hace algunos días el jefe negociador en La Habana, Humberto de la Calle (Ver: Se veía venir).

La legislación colombiana contempla que aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos dolosos no podrán ocupar cargos de elección popular. Dicha prohibición no aplica para quienes han sido castigados por la comisión de delitos políticos –rebelión, asonada o sedición-, como es el caso de mucho integrantes del M-19, EPL, Quintín Lame que negociaron y entregaron sus armas a comienzos de los años 90 del siglo pasado.

El panorama político colombiano cambiará dramáticamente con el arribo de personas que han sido responsables de graves crímenes contra la humanidad. La pregunta que muchos se hacen es si la sociedad está preparada para aceptar como legisladores a aquellos individuos.

Cualquier otro criminal que haya cumplido su pena, alegará que si Timochenko, o Iván Márquez pueden llegar al Congreso, él también debe contar con ese derecho. En la práctica, no hay diferencia entre el guerrillero que asesinó a un policía o a un soldado y el sicario del cartel de Medellín que hubiera hecho lo mismo. Se trata del mismo crimen.

Y con esa lógica, un delincuente de la talla de John Jairo Vásquez Velásquez, conocido como “Popeye” ha anunciado que una vez entre en vigor la justicia transicional, él se lanzará como candidato al Senado de la República.

Claramente, el sicario de Pablo Escobar no estará cobijado por dicha justicia, pero el simple hecho de que el Estado colombiano haya abierto la compuerta para que, sin que medie un espacio de tiempo prudencial ni castigo judicial alguno, criminales de alta peligrosidad puedan aspirar a ser gobernantes de los colombianos, se sientan las bases para que personas como “Popeye” se sientan con el derecho de aspirar a una curul en el Congreso de la República.

Al habilitar a criminales de lesa humanidad para el ejercicio político, Santos abre el camino para la destrucción de las instituciones de Colombia.

Mal ejemplo

Cuando un Estado es excesivamente generoso con personas que le han hecho mal a la sociedad, aquellos que han cumplido con sus deberes dentro del colectivo inmediatamente van a sentirse maltratados. El ejemplo claro de un trabajador de la clase media que cumple con sus impuestos, que se esfuerza para sacar adelante a su familia, no va a recibir con mucho entusiasmo el mensaje que le envía el gobierno en el sentido de que aquellos que han hecho daño, causado dolores irreparables no solo van a ser cobijados con una ley que les garantiza impunidad sino que además van a ejercer cargos de representación política gracias a unos espacios que se les van a conceder.

El verdadero postconflicto no será eficaz si el Estado se concentra en darle ventajas y premios a los criminales. La paz estable y duradera se logra cuando las condiciones las impone la ciudadanía desarmada, esa que nunca ha hecho uso de la fuerza ni apelado a la violencia para intimidar a sus congéneres. Ahí radica el mal enfoque que al proceso de paz le ha dado el gobierno de Santos. No será ni estable ni duradera la reconciliación nacional, cuando se montan tribunales de tipo estalinista en los que los victimarios podrán participar en la escogencia de sus jueces y a los que muchos empresarios, líderes políticos, campesinos, en fin ciudadanos de todo tipo serán conducidos y obligados a confesar delitos que tal vez nunca cometieron.

Tal y como está plasmada en el papel la justicia transicional que se pondrá en marcha, ésta será una versión muy clara de lo que algunos teóricos han llamado el “derecho penal del enemigo” que consiste, básicamente, en castigar a alguien no por haber cometido un delito sino por ser, potencialmente, una persona peligrosa. Y como están las cosas, peligroso puede llegar a ser considerado todo aquel colombiano que manifieste abierta y detalladamente su oposición a los acuerdos suscritos en La Habana.

El costo de una paz a cualquier precio

Firmar la paz al precio que sea, siempre trae unas consecuencias nefastas para la sociedad. Más temprano que tarde, los ciudadanos van a darse cuenta que la excesiva generosidad con los delincuentes no es la solución a los problemas de orden público. El asunto no hay que mirarlo desde la perspectiva reduccionista del presidente Santos que ha dicho que “darle unas curules en la Cámara de Representantes a las Farc es un costo muy pequeño si con eso alcanzamos la paz”. El problema es de mucho mayor calado. No se trata de cuatro y ocho exguerrilleros echando discursos en el Capitolio, sino de la debilidad en la que quedarán todas las instituciones nacionales luego de que se perfeccione el acuerdo que se pactó con la guerrilla.

Hoy por hoy, la confianza en las instituciones es muy reducida. Los niveles de respaldo ciudadano a la justicia, al Congreso y al Gobierno son lamentablemente bajos y el descontento aumentará una vez los máximos jefes de las Farc empiecen a ejercer como impolutos dirigentes políticos.

Es una costumbre arraigada en el pueblo colombiano el creer que con un cambio normativo basta para solucionar los problemas. No es así. Las leyes no tienen virtudes mágicas. Los problemas sociales se solucionan haciendo cumplir las leyes, respetando el sentir popular, fortaleciendo las instituciones. Y lo que sucederá en los próximos meses, cuando las Farc queden impunes y convertidas en un partido político, va en contravía de aquel precepto, razón por la que el Estado colombiano quedará perfecta y absolutamente desbarajustado, al punto de que más de un despistado y decepcionado decidirá enaltecer a alias “Popeye” como su líder y representante político.

@IrreverentesCol