Lo que se había avanzado desde 1991, en poco tiempo ha sido pisoteado por un gobierno desapegado de principios democráticos.

Uno de los grandes avances de la constitución de 1991, además de la acción de tutela, fue la incorporación de los mecanismos de participación ciudadana en la Carta superior.

Para los delegatarios redactaron la nueva constitución, resultó de trascendental importancia hacer que la nuestra dejara de ser una democracia puramente representativa, para convertirse en una democracia participativa en la que los ciudadanos, en su condición de constituyentes primarios, jugaran un papel activo en el devenir social.

Desde el 91, dejamos de ser unos convidados de piedra a los que se convocaba con alguna frecuencia a votar por unos representantes en los cuerpos colegiados. Desde entonces, somos actores vivos de nuestra democracia.

En 2003, con ocasión del referendo propuesto por el gobierno del presidente Uribe, se estrenaron los canales de participación. Fue la primera vez en la historia en la que los colombianos concurrimos a las urnas para votar a favor o en contra de unas modificaciones constitucionales.

Aquella vez, el gobierno no cambió los exigentes porcentajes de votación fijados por la ley. Se requería que el 25% del censo electoral participara y que la mitad más uno de los votos fuera a favor del sí para que el referendo fuera aprobado.

De las 11 preguntas que se presentaron, sólo una pasó el umbral. Esa era la regla de juego y se acató con veneración republicana.

Luego, vino el plebiscito del año pasado. A diferencia de Uribe, Santos –que es un tramposo profesional- rebajó arbitrariamente el umbral y puso al Estado al servicio del SÍ. Además de tener a las Farc haciendo proselitismo armado, todas las entidades oficiales hicieron campaña abierta y descaradamente.

A pesar del desequilibrio y de las trampas, el NO se impuso en las urnas. Y Santos, en vez de acatar el resultado del pueblo, se burló del mismo y se lo robó. Aquel acto criminal, fue una puñalada mortal a nuestra democracia.

Colombia, en vez de avanzar, retrocede aceleradamente en materia de participación. La constitución permite que los ciudadanos seamos consultados. Al fin y al cabo, insisto, el pueblo es el constituyente primario, para todos los efectos.

Hago esta reflexión, porque es preocupante lo que sucedió esta semana en el congreso de la República frente al referendo que buscaba que los ciudadanos dijeran si querían permitir que las parejas del mismo sexo tengan la facultad de adoptar niños.

Es un asunto de profundo calado que merece ser dirimido por el pueblo. Esa decisión no puede ser tomada por unos pocos. Es por eso que el referendo era evidentemente necesario.

No se trataba, como quisieron presentarlo algunos, de un escenario en el que unas mayorías pretendían “aplastar” los derechos de unas minorías, como es la comunidad homosexual.

¿Por qué tanto temor a que el pueblo se pronuncie? ¿Acaso los gritos y las manipulaciones de la senadora Claudia López y de su pareja, Angélica Lozano están por encima del derecho constitucional que nos asiste a todos los colombianos a decidir asuntos tan relevantes como ese?

Preocupa sobremanera que este gobierno pisotee de forma tan agresiva lo que ha quedado de la Constitución. No es en absoluto aceptable lo que ha sucedido en menos de un año. Primero, se desconoció alevosamente el resultado del plebiscito y, 7 meses después, se le ha impedido al constituyente primario que decida si las parejas integradas por personas del mismo sexo pueden adoptar.

Todo lo que se había avanzado desde 1991, en poco tiempo ha sido pisoteado y mancillado por un gobierno cada vez más desapegado de los principios democráticos.

@MargaritaRepo

Publicado: mayo 13 de 2017