La corte suprema de justicia, ha desafiado inadmisiblemente al poder presidencial de nuestro país, al devolver la terna presentada para elegir al fiscal Ad-Hoc en la investigación del caso Odebrecht.

La renuncia de la magistrada Margarita Cabello, sometida a un matoneo y a una cadena de mentiras, no inviabilizaba la lista de elegibles, pues no es la primera vez que un ternado dimite en medio de la carrera por la designación.

Es evidente que la corte suprema, entidad salpicada por la inmunda corrupción, se ha convertido en una guarida de politiqueros de la peor condición humana. Esos mismos que llevan años enteros convirtiendo al palacio de justicia en un antro de mercaderes, son los que tienen el objetivo de poner contra las cuerdas al presidente Duque para diezmarlo y evitar que lidere una reforma integral, estructural y definitiva de la justicia, la cual es fundamental para que nuestra democracia no colapse.

La constitución es clara en establecer las competencias: el presidente elabora una terna con personas que cumplan unos requisitos formales y la corte suprema está obligada a elegir.

Cuando el presidente Uribe culminaba su segundo mandato, remitió la terna para escoger el reemplazo de Mario Iguarán –sujeto de ingratísima recordación-. Durante más de un año, los prevaricadores de la corte suprema se abstuvieron de elegir al fiscal general, llegando al extremo inaudito de devolver una terna. Aquella fue la primera vez que se empleó el término de “inviable”, una denominación gaseosa, que delata el interés mezquino de los magistrados por no cumplir con su deber constitucional.

Colombia entera clama porque se avance en la investigación por el caso Odebrecht, sin duda alguna el escándalo de corrupción más grande que se ha presentado en nuestro país. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, desde el principio hizo público su impedimento, esgrimiendo su añeja amistad y relación laboral con el empresario Luis Carlos Sarmiento, socio de Odebrecht en la construcción de la denominada Ruta del Sol.

Se acordó entonces elegir a un fiscal Ad-Hoc para que lidere de manera independiente y autónoma dicha investigación. Ante la premura y la demanda social, el señor Presidente Duque se apresuró a presentar una terna integrada por 3 juristas excelsos: Clara María González, Margarita Cabello y Leonardo Espinosa.

El presidente Duque es un hombre al que le gusta, como se dice popularmente, llevar la fiesta en paz. No va a entrar en una confrontación innecesaria con la corte suprema por cuenta de este episodio de la terna y seguramente remitirá una nueva, reemplazando a la magistrada Cabello.

Pero el mensaje enviado por el cuestionado Barceló y sus compinches –algunos de ellos miembros aún no desenmascarados del denominado cartel de la toga- es claro y contundente: no tienen el más mínimo interés de ayudar a que en Colombia se descubra la verdadera magnitud del caso Odebrecht. Dilatando la elección del fiscal Ad-Hoc le hacen un estupendo favor a los corruptos y le prestan un flaco servicio a la sociedad. Pero así son esos sujetos, acomodados, clientelistas, politiqueros y poco transparentes.

Los colombianos no podemos esperar más evidencias de la descomposición de la justicia colombiana. Los magistrados actuales son seres imposibles de reformar. Urge que la ministra Borrero, derrotada en su empeño por sacar la reforma a través del Congreso, deje de lado su testarudez y empiece a oír las voces que llevan muchos años argumentando que la única vía eficaz para reformar a la administración de justicia es a través de una constituyente limitada para ese propósito e integrada por las mejores inteligencias de nuestro país.

@IrreverentesCol

Publicado: diciembre 10 2018