El golpe que el Congreso le dio al plebiscito del 2 de octubre hiere mortalmente a la democracia de Colombia.

A las malas, violando todas las normas posibles, el Congreso de la República le dio el peor de los golpes posibles a nuestra democracia, al refrendar el acuerdo de Santos con las Farc, desconociendo que el 2 de octubre la mayoría votó en contra del mismo.

El del Senado de la República fue un debate atropellado, carente de garantías reales para los líderes del NO. La maquinaria oficialista se encendió y aplastó a la oposición que representaba el 20% del senado pero al 51% de la ciudadanía.

A lo largo del debate, bastantes senadores de la denominada Unidad Nacional esgrimieron el débil argumento de que como el Congreso fue elegido por 14 millones de Colombianos, éste tenía toda la legitimidad para proceder a la refrendación del pacto Santos-Timochenko.

Al respecto, valga recordar que fue el presidente de la República quien dijo en múltiples escenarios que respecto del acuerdo, “la última palabra la tienen los ciudadanos”.

A comienzos de este año, Santos convocó a todos los embajadores acreditados en Colombia a la Casa de Nariño para hablarles del proceso de paz. En su discurso, literalmente dijo que “esta paz, que siempre he dicho que no es mía, ni siquiera de mi gobierno, sino de todos los colombianos tendrá toda la legitimidad a través del plebiscito que convocaremos para que sea el pueblo el que tenga la última palabra, el que decida…Me comprometí desde el principio a que los colombianos tendrán la última palabra y ésta [el plebiscito] será la forma de cumplir mi promesa”.

Entre las cuentas de Santos, de las Farc y de los partidos de la unidad nacional jamás existió la posibilidad de que el SÍ fuera a ser derrotado en las urnas. Amarraron todo para ganar: bajaron el umbral, destinaron billones de pesos para hacer publicidad oficialista, amedrentaron a los electores con guerra en las ciudades si el acuerdo no era refrendado y amenazaron con décadas de violencia si las cosas no salían como ellos querían.

Llegaron al 2 de octubre tranquilos. La votación era pura cuestión de trámite. El gesto de vencedor que exhibió Santos cuando concurrió al puesto de votación fue desfigurándose con el paso de los minutos una vez las urnas fueron cerradas y se dio inicio al conteo de las papeletas. La ciudadanía digna, valerosa, honorable le pegó una fuerte bofetada a su plan de entregar nuestra democracia a los terroristas.

En el plebiscito, de acuerdo con las cifras oficiales de la Registraduría, se depositaron 12.808.858 votos válidos, mientras que en las elecciones para Senado en 2014 hubo 10.925.592 votos. Entonces, el cuento de que esa célula congresional es más “legítima” para refrendar el acuerdo que el plebiscito es totalmente falso.

Por donde se mire, lo que hizo el Congreso de la República no solo es impolítico, antidemocrático sino que, además, es abiertamente ilegal. Como principio elemental, los funcionarios públicos sólo pueden hacer aquello que les permita la Constitución y la ley. Y entre el marco de funciones que tienen los congresistas no se lee por ninguna parte que ellos puedan refrendar acuerdos ni imponerse a la voluntad expresada por el pueblo previamente en las urnas.

Se ha sentado un precedente nefando. Lo que hizo el congreso es tan grave como si mañana un senador dijera que no le gusta que el pueblo haya elegido en las urnas a tal o cual mandatario y, a través de una proposición derogue el resultado de las votaciones.

Los más conspicuos escuderos del gobierno, como el cuestionado senador Horacio Serpa, llegó al extremo inaudito de decir que al fin y al cabo en el plebiscito lo que hubo fue un empate, alegando que la diferencia a favor del NO era de 53 mil votos.

¿Acaso en la democracia hay diferentes categorías de triunfo? El juego de la democracia le da la victoria al que gane. Por un voto o por 10 millones de votos.

En las elecciones de 1994, Ernesto Samper le ganó a Pastrana por 150 mil votos y esa diferencia mínima no le restó legitimidad a la victoria del candidato liberal. La ilegitimidad de esa elección corrió por cuenta de los ríos de dinero que la mafia le inyectó a la campaña samperista en la que, valga recordarlo, Horacio Serpa era el gran jefe de debate.

Empieza entonces una nueva fase de la confrontación política en Colombia. Los líderes del NO, no pueden ser inferiores al desafío que se les ha planteado. Ellos llevan la representación de la mayoría ciudadana que le dijo NO a esos acuerdos. No pueden arriar banderas ni ceder ante esta arbitrariedad del gobierno.

@IrreverentesCol

Publicado: Diciembre 2 de 2016