Hace ya algo más de 2 años, cuando el País se veía inmerso en una coyuntura electoral completamente anormal en su historia reciente, múltiples eran las reacciones que se conocían al dialogar con la ciudadanía en la calle.

Una parte de la población, quería apostarle a sobreponer el legítimo anhelo de paz ante las múltiples falencias que pudiera llegar a tener el acuerdo de La Habana. En términos del entonces Gobierno, preferían tragarse varios sapos para lograr un fin deseado.

Nosotros, por otro lado, expresábamos múltiples observaciones y preocupaciones ante un acuerdo mal estructurado, con falencias de fondo que difícilmente lograrían construir los cimientos para la famosa “paz estable y duradera” y mucho menos materializar un verdadero proceso de reparación a las víctimas.

La campaña por supuesto que no fue fácil. En una verdadera batalla épica, que será recordada por los libros de historia, el NO logró la victoria tras un proceso de diálogo permanente con la ciudadanía, en un contexto donde nos enfrentamos a toda la maquinaria institucional –contratistas, funcionarios, pauta oficial, etc.- que estaba con el Sí.

La victoria, sin embargo, no fue suficiente para llamar a la reflexión a las mayorías gubernamentales de entonces y en un acto de total ilegitimidad el Congreso impuso a pupitrazo limpio los acuerdos con las Farc.

Posteriormente, tuvo lugar la elección presidencial del año pasado. Esta fue un segundo llamado más que claro por parte del pueblo colombiano para cambiar el rumbo del País y, por supuesto, modificar los imperfectos acuerdos con las Farc.

En efecto, un mandatario joven y renovado llegó a la Presidencia con la mayor votación de la historia y con la responsabilidad de corregir los malos aspectos de un proceso que había resquebrajado a la sociedad en dos.

Sin embargo, ahora que el Presidente honró su palabra y objetó los aspectos más inadmisibles de la JEP salen los “defensores” del acuerdo a atacarlo en gavilla, prácticamente a criminalizarlo por ejercer sus funciones y buscar una verdadera paz con justicia.

Pero acaso, ¿Está el Presidente obrando mal? ¿Está poniendo Duque en riesgo la paz? ¿Está el primer mandatario haciendo trizas el proceso de paz? En lo absoluto. Por el contrario, está tomando las acciones concretas que prometió en campaña y por las cuales más de 10 millones de colombianos lo acompañamos en las urnas.

Las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP no son ninguna afectación al principio de separación de poderes ni constituyen una declaración de guerra. Por el contrario, reafirman la genuina voluntad del pueblo colombiano de tener una justicia seria, que no esté arrodillada ante los criminales y que logre restablecer los derechos de las víctimas.

Básicamente, materializan las repetidas manifestaciones de la voluntad general de un País que no quiere paz con impunidad y abren la posibilidad para la construcción de grandes acuerdos en tornos a la justicia transicional en Colombia, los cuales nunca fueron posibles con la anterior administración, la cual se limitó a tildar de enemigos de la paz a todos aquellos que presentamos observaciones al proceso.

¡Adelante Presidente!

@Tatacabello

Publicado: marzo 22 de 2019