Cualquier reforma política que se haga en Colombia, tiene que partir de la eliminación inmediata del cuestionado consejo nacional electoral.
Para que una reforma política en Colombia sea verdaderamente eficaz, debe partir de un replanteamiento de fondo del cuestionado consejo nacional electoral, ente que debe ser el garante de la transparencia en los procesos electorales de nuestro país.
El CNE es un monstruo burocrático e inoperante. Se trata de un cuerpo colegiado, integrado por 9 personas designadas por los partidos políticos que tienen mayorías en el Congreso de la República.
Su propia naturaleza, hace imposible que las investigaciones contra los partidos se hagan con seriedad, rigor e imparcialidad.
El CNE es, literalmente, una extensión del legislativo, en el que sus integrantes se dividen en bandos y unos y otros se hacen favores cuando les corresponde avocar alguna investigación que afecte a las colectividades que los promovieron.
Aunque su función rectora de los procesos electorales les concede, en teoría, la facultad de investigación y sanción administrativa frente a eventuales irregularidades en las campañas políticas, el consejo nacional electoral no cuenta con las herramientas jurídicas para avanzar eficazmente en las investigaciones que avoca. La primera talanquera tiene relación con los plazos de caducidad.
En efecto, de acuerdo con el código electoral, el plazo de caducidad es de 3 años que se empiezan a contar desde el mismo instante en el que las campañas políticas rinden cuentas finales ante el CNE. Con unos plazos tan estrechos, los políticos corruptos que financien ilegalmente sus aspiraciones, tienen garantizada la impunidad, tal y como está sucediendo con las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga en el año 2014.
A pesar de que existen suficientes evidencias de que ambos candidatos sufragaron gastos de sus campañas con dinero de Odebrecht, el CNE, por más que pretenda hacerle creer a la opinión pública que adelantará una “rigurosa investigación” de los hechos, dejará naufragar el asunto a mitad de camino, pues en menos de 60 días deberá procederse a decretar la caducidad de las investigaciones, por vencimiento de los términos previstos en las normas.
El código electoral colombiano es una burda colcha de retazos. Se trata de un mamotreto de más de 900 páginas, colmado de resoluciones, decretos y demás normas, muchas de ellas contradictorias entre si.
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Está el caso aberrante de la campaña de Juan Manuel Santos de 2010, en la que está probado y confesado por parte del gerente de la campaña, Roberto Prieto, que Odebrecht pagó la suma de $400 mil dólares para sufragar la elaboración de 2 millones de afiches. A pesar de las evidencias, el consejo nacional electoral se lavó las manos al resolver que no se podía investigar ni sancionar aquel ilícito dado que el asunto ya estaba cubierto por la caducidad.
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El congreso de la República, no ha querido o no ha podido hacer un verdadero código electoral que se ajuste a la realidad política y social colombiana. Es evidente que para los políticos, el desorden normativo en material electoral se constituye en una formidable zona de confort, pues en tanto más vacíos existan, estará mucho más garantizada la impunidad.
Hace un par de meses, el presidente Uribe lanzó una propuesta que no puede caer en el vacío y que tiene relación con las cortes colombianas. En criterio suyo, es necesario que se adelante una reforma integral a la justicia, estableciendo una súper corte que asuma todas las obligaciones de la rama jurisdiccional. Esa nueva corte absorvería, así mismo, las competencias que hoy tiene el consejo nacional electoral.
Cualquier iniciativa para reformar la política colombiana que no parta de una reestructuración de fondo del CNE, con la incorporación de un código electoral que esté a la altura de las necesidades reales del país, será un saludo a la bandera.
Es evidente que el gobierno está urgido por hacer que sus mayorías espurias en el Congreso le aprueben cualquier cosa para cumplirle a la banda de las Farc, hecho que resulta inaceptable, pues los intereses superiores del país no pueden ser desplazados por cuenta de los caprichos del presidente Santos, quien desatiende sus deberes con la nación para satisfacer las demandas de unos terroristas.
Publicado: agosto 24 de 2017