En todos los estudios que se realizan a nivel global para medir la percepción de los ciudadanos en términos de confianza, es claro que la corrupción figura como el mayor flagelo que padece la sociedad contemporánea.

Pareciera que en algunas naciones sus políticos, empresarios y ciudadanos, se han venido acostumbrando a la corrupción y lamentablemente la consideran un mal inmanente al progreso, olvidando, que la corrupción socava la legalidad, erosiona la confianza, debilita la democracia o cualquier otra forma de gobierno, obstruye el desarrollo y agudiza la pobreza, la brecha social y la crisis ambiental.

Los resultados del reciente estudio realizado 180 países por Transparency International, para medir el Índice a Percepción de la Corrupción a nivel global, son francamente decepcionantes y muestran, como los esfuerzos y empeños comprometidos para abatir esta plaga han sido insuficientes e ineficaces.

La inmensa mayoría de los países evaluados no registran ningún tipo de avance en las acciones encaminadas a extirpar esta pandemia y en algunos, por el contrario, su propagación aumenta.

A esto se suma la corrupción sobreviniente ocasionada por la contingencia sanitaria que padecemos, lo que ha hecho que en muchos países aumente la tensión interna y los gobiernos estén en permanente estado de crisis.

Pero ante tanta indiferencia e indolencia frente al avance de este cáncer social, se hace necesario afrontar y enfrentar la corrupción con mayor vigor y determinación, para tratar de detenerla y combatirla, y en su lugar, para prevenirla, promoviendo la pulcritud, la integridad, la transparencia y la responsabilidad en todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad.

Es por eso, que con motivo de la realización del Congreso Mundial de Abogados  (World Law Congress) que se celebrará en la ciudad de Cartagena el próximo mes de 0ctubre, y al que asistirán jefes de estados, ministros de justicia, fiscales, procuradores, contralores, magistrados, jueces, conjueces, árbitros, abogados y académicos provenientes de los cinco continentes, he considerado pertinente y necesario, proponer por medio de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, máximo foro jurídico de la nación y órgano consultivo del estado colombiana, una proposición para que la comunidad jurídica internacional acoja y suscriba lo que he denominado La Declaración de Cartagena para Prevenir y Combatir Actos de Corrupción, de manera que a partir de su adopción, en todos los contratos o acuerdos contractuales que suscriban los gobiernos así como todo tipo de organizaciones públicas, privadas o no gubernamentales, se incorpore un apartado o cláusula en la que se manifieste la adopción de la Declaración de Cartagena y, que quienes los suscriban, se obliguen de manera perentoria a prevenir y combatir cualquier acto de corrupción, y, de advertirse alguno, a denunciarlo.

Si bien es obligación de todo ciudadano prevenir y denunciar cualquier acto delictivo o tentativa de él, es procedente, que, ante el aumento desmesurado de la corrupción a nivel global, la comunidad jurídica mundial, que como ninguna otra tiene participación e injerencia en la contratación nacional e internacional pública y privada, se sume a una cruzada sin precedentes para abatir y desterrar esta perversa práctica que asola, envilece y empobrece la sociedad.

Así como en la mayoría de contratos o acuerdos contractuales que en la actualidad se suscriben, se incluye una cláusula generalmente denominada “Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” en la que se estipula, que las partes contratantes se obligan a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que tanto su personal a cargo, empleados, socios, accionistas, administradores, clientes, proveedores y los recursos financieros de éstos, no se encuentran relacionados o provienen de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o financiación de terrorismo y, que si durante la vigencia del contrato, alguna de las partes tiene dudas razonables sobre las operaciones de la otra parte, así como sobre el origen de sus activos que lleguen a quedar vinculado a una investigación de cualquier tipo relacionada con actividades ilícitas como el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo o fuese incluida en las listas internacionales vinculantes de conformidad con el derecho internacional, la parte contratante que reclama tiene derecho a terminar unilateralmente el contrato o acuerdo sin que por este hecho, esté obligada a indemnizar ningún tipo de perjuicio a la parte que lo generó.

Adicionalmente a la inclusión en los contratos, de la Cláusula de Adopción de la Declaración de Cartagena para Prevenir y Combatir la Corrupción, en mi proposición también sugiero a la comunidad jurídica internacional que se reunirá en Cartagena, que se proponga a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que por medio de su comisión correspondiente, promulgue la apertura y teneduría de un Libro o Lista para Prevenir y Combatir la Corrupción, en el que se registren los nombre de las personas naturales y jurídicas que de manera legal y definitiva han sido condenadas por actos de corrupción.

Sería deseable, que Colombia y en particular Cartagena, no solo sirva de sede del Congreso Mundial de Abogados y sea cálido hospedador de tan importante evento, sino que, además, proponga una estrategia seria, puntual y global para confrontar la corrupción.

Qué bueno fuera que la comunidad jurídica nacional acogiera mi austera propuesta, de manera que el nombre de Colombia no solo sea asociado a actividades ilícitas sino también a prevenirlas y combatirlas.

Permaneceré atento a los comentarios de los lectores de estas ideas y letras, para ello pueden escribir a abogados@rodriguez-jaraba.com

@RRJARABA

Publicado: febrero 22 de 2021

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Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.