No terminó bien el año pasado, con Santos y su equipo aliados con las Farc para desconocer el resultado del plebiscito y hacerle trampa a la democracia, y la Corte Constitucional y una magistrada del Consejo de Estado polítiqueando de manera burda y descarada a través de sus providencias, no solo para avalar el asalto sino para tratar de deslegitimar la victoria del NO.

Muy mal andan las instituciones cuando se desconoce la voz soberana del pueblo expresada en el plebiscito, todo el poder se concentra en cabeza del presidente, la rama legislativa y la judicial pierden su independencia y se subordinan al ejecutivo, colapsa el sistema de frenos y contrapesos, y a los jueces no les importa desconocer sin más sus propias y previas decisiones. La Constitucional pasa por encima de su sentencia sobre la reforma de “equilibrio de poderes” y su teoría de la sustitución de la Constitución y también de su sentencia sobre la ley de plebiscito y sus tesis sobre la obligación de respetar la voluntad del constituyente primario expresada en las urnas y la refrendación popular del acuerdo con las Farc. La Magistrada contradice las decisiones previas en que el Consejo de Estado sostuvo que no tiene competencia para estudiar la constitucionalidad de los plebiscitos y alguna decena de sentencias más. Mal, muy mal están las instituciones cuando los jueces renuncian a defender la Constitución y las leyes, abandonan su tarea de proteger la voz soberana del pueblo en las urnas y prefieren jugar a la política.

Hubo un conejo grosero y monumental en el 16. También lo hay en este 17. En Conejo, Guajira, otra vez, como cuando los jefes de las Farc hicieron proselitismo armado antes del plebiscito, los verificadores de Naciones Unidas estuvieron de pachanga con los guerrilleros cuya desmovilización y desarme se supone que deben verificar. Ante la reacción de algunos sectores de la opinión pública (a los mamertos les ha parecido que el jolgorio con las Farc es parte natural de la “reconciliación” y yo no dudo de que a muchos los veremos de abrazos y fotos con los terroristas), Naciones Unidas primero hizo una tibia declaración y solo después devolvió a sus países a los involucrados. Lo malo es que cuando se creía que el de la Guajira era un hecho aislado de unos cuantos funcionarios desubicados, nos enteramos de que en el Cauca los de la ONU estuvieron en lo mismo, de juerga con los guerrilleros. Parece que si no sabemos que en otras zonas veredales ocurrió lo mismo es solo porque no había periodistas que estuviesen cubriendo los saraos. Yo no dudo de que hay un serio problema con las guías de conducta de la Misión en Colombia. Pero otra buena parte del problema está en la forma en que se diseñó la Misión, para la que se estableció que se apoyaría en la Celac, uno de los organismos internacionales auspiciados por Chávez.

Mientras tanto, preocupa el silencio de la Unicef ante el hecho de que entre los enfiestados hubiera menores de edad, de esos que se supone que nunca fueron reclutados por la guerrilla. Si ya la credibilidad de la Misión de Naciones Unidas quedó minada, a pesar de la tardía reacción de desvincular a los funcionarios grabados en los videos, ahora es todo el sistema el que se juega su reputación. El silencio frente a la presencia de menores armados y bebiendo solo sería complicidad.

La recuperación de los menores a quienes las Farc arrebataron su libertad y su inocencia, adoctrinaron y enseñaron a matar, no da espera. Y tanto el Estado como Naciones Unidas deberían hacer de esa tarea una prioridad. En este caso, además, hay que romper todo lazo de los menores con las Farc porque solo a través de esa ruptura y de programas integrales psicosociales y pedagógicos podremos recuperar esos niños, darles un futuro y hacerlos ciudadanos de bien.

Mientras tanto, ¿nada dirán las Farc, el gobierno y Naciones Unidas frente a los más de setecientos secuestrados por esa organización terrorista de los que no hay noticia?

Rafael Nieto Loaiza

Publicado: 10 de enero de 2017