Hace pocos días, la corte suprema impuso una condena de 15 años contra la excongresista, Aida Merlano, protagonista de una de las más indignantes operaciones de compra de votos. 

Horas después de que se cerraran las urnas el 11 de marzo del año pasado, el país conoció los videos que confirmaban la operación criminal en la que la señora Merlano, que aspiraba a pasar de la cámara de Representantes al Senado, logró un importante resultado como consecuencia de una compra masiva de votos.

Aida Merlano, avalada por el partido conservador, obtuvo 73262 votos -la décima votación más importante del conservatismo-, con los que aseguraba un escaño en el Senado de la República. 

Su captura, se produjo antes de que ella se posesionara en la curul que durante décadas ocupó el legendario, Roberto Gerlein Echeverría.

La corte suprema inició el juicio correspondiente por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas de fuego. La condena a 15 años que Aida Merlano tendrá que pagar en una cárcel, envía un mensaje en el sentido correcto. En Colombia, la compra de votos, no es un fenómeno exótico. Es hora de que la justicia, empiece a castigar ejemplarmente a todos los políticos que cometen delitos electorales. 

La excongresista Aida Merlano, condenada a 15 años por delitos electorales

Así como Aida Merlano fue sentenciada, Juan Manuel Santos, autor de la más burda operación de financiación ilegal de campañas, merece ser investigado y sancionado por cuenta del caso Odebrecht.

Resulta incomprensible que, a pesar de las evidencias que pesan en su contra, la investigación contra Santos en la cámara de Representantes no haya avanzado como corresponde y que el partido de La U, de manera cómplice, intente que la misma sea archivada. 

Así mismo, el presidente de la comisión de acusaciones de la cámara, el cuestionado John Jairo Cárdenas, no tiene interés ninguno de que la investigación avance por una razón elemental: él fue socio político de Santos en la elección de 2014, razón por la que directa o indirectamente, también se vio beneficiado por los dineros corruptos que Odebrecht le donó a la campaña reeleccionista de aquel año. 

Por el bien de nuestro Estado de Derecho -que está en serias dificultades por cuenta de la impunidad rampante- y de la democracia colombiana, la justicia tiene el deber histórico de adelantar una investigación rigurosa contra Juan Manuel Santos y todos los cuadros directivos de sus dos campañas presidenciales -de 2010 y 2014-, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, como consecuencia de la empresa criminal que el santismo montó con la empresa Odebrecht. 

@IrreverentesCol

Publicado: septiembre 17 de 2019