La legitimidad de la denominada jurisdicción especial de paz, JEP es cada vez más cuestionable. Ese tribunal, integrado por jueces y magistrados que mayoritariamente tienen afinidad ideológica con los terroristas de las Farc, está inmerso en una crisis de la que difícilmente saldrá avante. No ha empezado a operar y ya hay dudas sobre la transparencia de sus integrantes.

Al parecer, los magistrados de la JEP están más preocupados por los asuntos burocráticos y presupuestales que por impartir el remedo de justicia que ellos aplicarán a los capos de las Farc. Es la hora, luego de más de un año y medio desde la firma del acuerdo ilegal Santos-Timochenko, en que ni uno solo de los miembros de esa estructura criminal ha sido llamado ante ese tribunal.

El anterior secretario de la JEP, el polémico Néstor Raúl Correa, salió de esa entidad en medio de una fuerte discusión en la que unos y otros ventilaron sus propias miserias humanas y elevaron acusaciones de todo tipo.

La JEP, en vez de mandar un mensaje en el sentido correcto, tomó la peor de las decisiones al designar a la cuestionada exfiscal Marta Lucía Zamora como reemplazo de Correa en la secretaría general.

Zamora es una operadora judicial que ha abusado de los códigos para perseguir a sus malquerientes. El país aún no olvida el burdo montaje que le hizo al exsecuestrado Sigifredo López, a quien encarceló sin prueba alguna durante largos meses, señalándolo de haber sido cómplice en el asesinato de los 11 diputados del Valle que estaban en poder de la banda terrorista de las Farc.

Zamora tiene un currículo colmado de cuestionamientos. Valga recordar que ella absolvió sin mayores elementos de juicio a Horacio Serpa, investigado en el marco del proceso 8000. Según la señora Zamora, no era delito que Serpa hubiera viajado a San Andrés en una avioneta privada cargada de dinero en efectivo donado por el cartel de Cali.

La nueva secretaria de la JEP, fue la fiscal del caso Dragacol en el que todos los intervinientes terminaron en la cárcel menos el principal protagonista de ese saqueo que en su momento le costó cerca de $30 mil millones de pesos al erario: el entonces ministro de Transporte, Mauricio Cárdenas.

En su trasegar por la administración de justicia, hay un episodio que nunca ha sido esclarecido y lo que le costó su salida de la fiscalía durante la administración de Alfonso Gómez Méndez. En efecto, la señora Zamora intentó atravesársele a la extradición de algunos capos del narcotráfico capturados en el marco de la operación milenio, en la que cayó Fabio Ochoa Vásquez. ¿Cuál era la razón que motivó a Zamora paa tratar de salvarle el pellejo a uno mafiosos?

Preocupa que quien llevará a partir de ahora la administración de la JEP, utilice a la justicia para sus desquites personales. Ella era la mano derecha de la cuestionada perseguidora del uribismo, la destituida exfiscal Viviane Morales de Lucio.

Cuando Morales de Lucio salió de la fiscalía en medio de un gran escándalo, Marta Lucía Zamora quedó como fiscal encargada, con la esperanza de que Santos la incluyera en la nueva terna. Tan pronto el presidente le notificó que no estaría dentro de ella, Zamora reaccionó ordenando la detención del embajador santista en Perú, el exdirigente gremial, Jorge Visbal Martelo.

Con Eduardo Montealegre, Zamora fungió como jefa de fiscales delegados ante la corte suprema de justicia. Muchos de los procesos en los que intervino, la regla general fue la utilización de falsos testigos.

Uno de los mayores escándalos se produjo cuando se comprobó que en la investigación por la muerte en extrañas circunstancias del joven Luis Andrés Colmenares, la fiscal Zamora había utilizado falsos testigos con los que pretendía encartar a los inocentes compañeros de universidad del difunto.

De la fiscalía dio el salto a la alcaldía de Gustavo Petro. Como secretaria general de esa administración, coadyuvó buena parte de los abusos del chavista que hoy aparece de segundo en las encuestas presidenciales.

Dudas y más dudas hay sobre la señora Zamora y su familia. Su hermano Daniel Germán, fue mencionado en el caso de la captadora ilegal Forex, donde figuraba como el dueño de una inversión de más de $9 millones de dólares.

Ese es el perfil de la persona a la que los magistrados de la JEP le acaban de entregar el control y la administración de ese tribunal que fue creado para absolver a los terroristas de las Farc y criminalizar a todos los colombianos de bien que enfrentaron desde la democracia a esa banda mafiosa.

@IrreverentesCol

Publicado: mayo 4 de 2018