¿Qué habrá pasado que al fin quedó escogido el nuevo Fiscal General de la nación, el abogado Francisco Barbosa, por la unanimidad de los componentes de la Corte Suprema, diez y seis personajes de la farándula judicial, que no habían logrado acuerdo para esta elección durante largos meses? ¿Algún tipo de burundanga que les haya inoculado el ejecutivo en las azarosas noches palaciegas? ¿Diez y seis angelitos, ¡ay!, que preocupados por la nación  se resisten a llegar acordes para completar el tándem de  magistrados que exige la Constitución  para su funcionamiento? ¿Este evento está relacionado con la salida de la Ministra del Interior y Justicia, Nancy Patricia Gutiérrez, quemada en su cargo y reemplazada por la ex Ministra del Trabajo y Seguridad Social, Alicia Arango, la funcionaria de más carácter del Gobierno del Presidente Duque?

La Fiscalía es el instrumento que investiga los actos, las conductas antijurídicas, es decir delictivas, de los ciudadanos colombianos y extranjeros que se realicen en nuestro territorio, salvo los  casos condicionados por tratados o pactos internacionales. La Fiscalía es la extensión de la mano ejecutiva del estado para guardar el orden y las libertades. Pero serán   los jueces quienes determinarán  la  validez  de  las pruebas y las penas a imponer.  Por la naturaleza de la Fiscalía, es contribuyente al aparato jurisdiccional, como lo es la policía, pero no hace parte de él. En consecuencia, el Fiscal debería ser nombrado por el Presidente de la república y no por la añeja Corte que tiene la tarea más alta de interpretar la Constitución y casar los conflictos que lleguen a su instancia.

Vistos los problemas que se presentan entre las regiones y el gobierno central, casos derivados del brexit en Gran Bretaña y Escocia, o la fractura de España con los nacionalismos autonómicos, los colombianos deberíamos revisar el principio de representación en el poder legislativo. Hoy se confunden la acción de la Cámara de Representantes  con los intereses de los miembros del Senado. Por lo tanto, nuestra nación exige cortar de raíz el espectáculo anarcoide del Congreso que conduce a demeritar el sistema democrático y enrutarse hacia una sola cámara representativa que cubra las aspiraciones del Estado unitario. Otra alternativa sería el de una Cámara de Representantes  exclusivamente para resolver asuntos de provincias, departamentos o estados federados y un Senado que en la realidad vigile y trabaje por el estado nacional y no compita con los representantes de las parcialidades regionales. Lo que sí es urgente es la disminución del número de congresistas ya sea unicameral o bicameral  el parlamento, que entre nosotros denominamos Congreso. Pensar una mayor autonomía de las regiones es un deseo aplazado desde las entrañas mismas de nuestra historia  y hemos logrado algunos avances contra el centralismo que hace de la plutocracia bogotana la fuente de su dominio sobre los departamentos. Una federación democrática permitiría que el desarrollo cultural, político y económico trabajaran con la misma fuerza que los regionalismos achican el espíritu creativo de las corrientes integradoras de las regiones o provincias que van más allá de los limites departamentales como son la   región costeña del norte, la naciente importancia económica de los Llanos Orientales, el sostenido carácter de los Santanderes o el altivo y creativo de la región paisa, como ejemplos que se podrían extender a todo el país.

Todo esto está ligado a los periodos de mandato que tienen los cuerpos colectivos o las instituciones individuales. Una cámara para tres años de ejercicio y seis años para los senadores lo mismo que para el Presidente de la República, haría mucho bien a la estabilidad electoral que tanto interviene en la marcha normal de las ciudades y los campos que sufren con tanta frecuencia de las expectativas paralizantes de las elecciones.

La escogencia del Fiscal, Francisco Barbosa, por la Corte Suprema que da inicio a este escrito, comprueba que es un camino tortuoso, dejarle a la Corte  la designación de su cargo porque era lo que el Presidente quería y que en definitiva resultó ganando, aparentemente en su postulado. ¿Para qué darle tantas vueltas a este método clientelista, si los resultados son los mismos, que hubiera o no terna, el vencedor fue el postulado por el Presidente? Esta es una ficción burocrática que solo conviene a la injerencia poco saludable de la Corte en las obligaciones del Ejecutivo, correspondientes a la naturaleza de la misión fiscal.   

Jaime Jaramillo Panesso

Publicado: febrero 6 de 2020