Exigiré que el informe de la Comisión que se creó para estudiar la crisis de la policía se haga público.

A finales del año pasado, en el mes de diciembre, el país se estremeció con los escándalos de corrupción y abuso de poder al interior de la Policía. Y en ese momento, en medio de toda la algarabía de los medios de comunicación y la conmoción de la opinión pública, el Presidente de la República anunció la creación de una ostentosa figura: “La comisión consultiva de alto nivel de carácter temporal”.

Cabe anotar que si bien dicho anuncio se hizo el 9 de diciembre de 2015, solo hasta el 16 de febrero de 2016 se creó formalmente, mediante decreto 259 de 2016. Incluso coincidió, por esos días, con la renuncia del Director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino.

A raíz de estos hechos, y por ser competencia de la Comisión Constitucional de la Cámara de Representantes a la que pertenezco, cité a debate de control político al Ministro de Defensa, al Director General de la Policía Nacional y a los miembros de la Comisión designada por el Presidente (María Lorena Gutiérrez, Juan Carlos Esguerra, Luis Fernando Ramírez y Jorge Hernán Cárdenas). Incluso, por la importancia del tema, dicho debate se realizó cuando el Congreso reanudó labores este año; es decir, el 16 de marzo.

Sin embargo, de los citados e invitados solo asistió el Ministro de Defensa, pues para ese entonces el general Palomino ya había renunciado. En lugar de este último fue el recién posesionado Director General de la Policía, general Jorge Hernando Nieto. Los miembros de la ostentosa Comisión nunca aparecieron. Tal vez porque la naturaleza jurídica de dicha delegación y de sus integrantes es más bien confusa y poco clara. En efecto, cuando se le preguntó al Ministro de Defensa por la misma, no se pudo explicar muy bien.

Y recordé una frase de Napoleón Bonaparte, que se adapta a lo que acontece en la Policía Nacional y que el Presidente suele aplicar con frecuencia: “Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una comisión”.

No podemos olvidar que a la Comisión se le confío “la elaboración de un estudio sobre la situación actual de la Policía Nacional para proponer medidas orientadas al mejoramiento de la eficiencia, eficacia y visibilidad de la gestión del organismo, así como a reforzar su institucionalidad bajo los principios y prácticas del buen gobierno”. Además, se le dio una duración de noventa (90) días, contados a partir de su creación.

Pero hoy no es claro por qué al cumplirse esos tres meses, el 16 de mayo, se le prorrogó por tres meses más el plazo. Es así como tampoco se conoce

qué ha pasado con las averiguaciones del caso y mucho menos se sabe del informe encomendado por decreto presidencial.

Esta semana, más precisamente el 16 de agosto, se cumplieron los tres meses otorgados en la prórroga, para que la Comisión rindiera su informe. Como integrante de la Comisión Segunda y como Representante de miles de ciudadanos, exigiré que el informe de dicha Comisión se haga público. ¡Este debe ser expuesto a los colombianos! Además, presentaré una proposición para que en sesión formal de la Comisión se les escuche y expongan los resultados de su trabajo.

También haré seguimiento a la implementación de las recomendaciones sugeridas e indagaré por las funciones, naturaleza jurídica de la Comisión y de sus miembros. Como parte del control político, que nos compete a los congresistas, no podemos permitir que se designen comisiones y que los problemas que pretenden ayudar a resolver sigan ahí. La Policía Nacional es una de las instituciones más importantes para el funcionamiento del Estado y la sociedad reclama de ella honradez, decencia y dignidad. Todos, desde nuestro lugar, debemos contribuir a ello.

 

@Tatacabello