Uno de los elementos nefastos de nuestra administración de justicia es la existencia de los denominados “aforados” que son objeto de investigación y juzgamiento por parte de la corte suprema de justicia.

En todos los sistemas, las cortes supremas están reservadas para fijar la línea jurisprudencial a través de las sentencias de casación, recurso extraordinario en los procesos penales, laborales o civiles.

La sala penal de la corte suprema se desnaturaliza cuando sus magistrados tienen que asumir funciones de un juez municipal. Aquella responsabilidad, además, abre la puerta para la corrupción. Gracias a las funciones de juzgamiento de los magistrados es que se pudo crear el denominado cartel de la toga, una bandola delincuencial incrustada en la sala penal y de la que hasta ahora se ha descubierto la pertenencia de dos magistrados, aunque hay muchos más que actualmente siguen vistiendo inmerecidamente una toga.

Así las cosas, hay que acabar con esa sinvergüencería del fuero y hacer que los congresistas, ministros, generales y embajadores sean investigados y juzgados como cualquier ciudadano. Que sea la fiscalía la que los acuse y un juez el que adelante el juicio de primera instancia y unos magistrados de tribunal en la segunda instancia.

El Centro Democrático, en su inteligente y profundo proyecto de reforma a la justicia –mucho mejor que el presentado por la ministra Borrero- ha propuesto, entre otras cosas, acabar con el fuero y proceder a crear una sola corte, como existe en las democracias más sólidas.

Sectores de la extrema izquierda han salido a reclamar que en el proyecto del CD hay un supuesto mico.

Nada de eso. Se busca que cuando un juez ordene la captura de un parlamentario, la cámara a la que éste pertenezca autorice quitarle el fuero para proceder a autorizar su captura. Aquello blinda a los congresistas de persecuciones judiciales, muy comunes en nuestro país. Será entonces el senado o la cámara de representantes el que, con base en los argumentos esgrimidos por el juez, decida si hay sustento o no para autorizar la captura.

Con esa medida se blinda la actividad política de judicializaciones prefabricadas, pero se garantiza que los congresistas sean investigados y juzgados con las mismas garantías y deberes de cualquier otro ciudadano.

Una sociedad progresa cuando no hay privilegios de ningún tipo y la reforma a la justicia del Centro Democrático apunta en ese sentido.

@IrreverentesCol

Publicado: septiembre 27 de 2018