Cuando la Asamblea Departamental de Santander dispuso el funcionamiento de la entidad Área Metropolitana de Bucaramanga, los diputados del momento lo hicieron basados en unas circunstancias de hecho y unas consideraciones económicas y sociales que por el trascurrir de los años han cambiado de manera ostensible. Nada más ver la realidad de la reciente recategorización de los municipios en donde Bucaramanga y Floridablanca fueron clasificadas en primera categoría, al punto que Floridablanca se perfila hacia ser clasificada en categoría especial.

Por eso hoy vale la pena formular el interrogante sobre ¿Cuál es la ciudad núcleo? entendiendo como tal, la ciudad que por su economía, desarrollo urbanístico, ordenamiento territorial y expansión urbana, impulsa las dinámicas del desarrollo conurbano. Ya estamos viendo como Floridablanca se está convirtiendo en el eje de sostenibilidad del área metropolitana, con un suelo para la expansión de la zona industrial, una zona franca que nos acerca al rio Magdalena y a la Ruta del Sol para llegar a todos los mercados y unos bancos de tierras que la potencializan para atender la gran demanda inmobiliaria de vivienda de los próximos años, sin dejar de lado el sector de la salud que con su gran oferta de servicios en todos los niveles de complejidad, la han dinamizado en los últimos treinta años.

El Área Metropolitana de Bucaramanga fue instituida mediante Ordenanza 20 de 1981, hace treinta y ocho años, y desde entonces funciona igual,  con la misma concentración de poder en cabeza del alcalde de Bucaramanga, sin tenerse en cuenta la evolución y recategorización de los demás municipios. Cuando fue creada, las consideraciones plasmadas en la ordenanza fueron el desplazamiento de la población de Bucaramanga “hacia los municipios de Floridablanca, Girón e inclusive Piedecuesta, por la saturación de sus tierras urbanizables” y además que esos municipios presentaban “una economía básicamente urbana, dependiente en un alto porcentaje tanto social como económicamente de Bucaramanga”. 

Todas esas consideraciones han evolucionado y no resulta justo, que la entidad no evolucione ni siquiera físicamente, por cuanto se mantiene en la misma tradicional edificación desde su creación y con escasos avances en los procesos y procedimientos que la modernidad demanda. La AMB requiere una catarsis para jalonar la verdadera integración de los municipios que la conforman y no estar supeditada al poder omnímodo de quien ocupe el cargo de alcalde del municipio núcleo cuando no se interpreta la realidad ni se entiende la necesidad de concertar el desarrollo de los cuatro municipios, sin imponer absurdamente la regla de mayorías, que en este caso no resulta ni justa y menos democrática. 

Es necesario y oportuno modificar la Ley 1625 de 2013  que establece el régimen para las Áreas Metropolitanas y darles participación en las decisiones en condiciones de igualdad a todos los municipios que integran el territorio de un área metropolitana, porque repito, termina siendo injusto que por esa regla de mayorías que la ley le otorga al alcalde del municipio núcleo, todos los habitantes de todos los municipios miembros terminen pagando los errores y desaciertos de los cuales, sólo son responsables por imposición legal. Por ejemplo: ¿Quién es el responsable de la quiebra de Metrolinea? y ¿Quiénes deben pagar con sus impuestos, esos desaciertos?  La quiebra de Metrolinea, el sistema  de transporte masivo del área metropolitana, es imputable a quienes han tomado esas decisiones mayoritarias que han resultado impuestas. Pero a pesar que las decisiones las han tomado los alcaldes del municipio núcleo, en ocasiones sin ninguna concertación,  la afectación económica no sólo la sufren los contribuyentes de Bucaramanga, sino los de Girón, Piedecuesta y Floridablanca que sumados en extensión, población y ejercicio fiscal doblan a Bucaramanga. Y ni que decir  de las tasas de compensación y sobretasa ambiental que correspondiendo a todos los municipios, su destinación depende del criterio del alcalde metropolitano.  Urge entonces establecer  un criterio de equidad y eso lo resuelve el Congreso de la República por medio de una decisión legislativa. 

@AlirioMoreno

Publicado: julio 18 de 2019