Incomprensible que mientras en Colombia se dará impunidad al terrorismo, nieguen tutela contra sentencias de Diego Palacio y Alberto Velásquez.

Mientras el gobierno y la rama jurisdiccional le insisten al país que no hay problema alguno con que los crímenes cometidos por las Farc sean cobijados por “la amnistía más amplia posible” y los delitos que deban ser castigados, lo sean con penas simbólicas, la Corte Constitucional, esa misma que se apresta a aprobar el paquete de decisiones que se adopten para desarrollar los cuestionados acuerdos de La Habana, acaba de negar las tutelas que contra sus injustas condenas presentaron el exministro Diego Palacio Betancourt y el exsecretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez, quienes son víctimas del odio y la maledicencia que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profesa contra el expresidente Uribe.

La denominada “Yidispolítica” es un caso cuyo fin político es más que evidente. Se acusó a 3 funcionarios de Uribe, Sabas Pretelt, Palacio y Velásquez de haber negociado el voto de Yidis Medina a favor del acto legislativo que incorporó la reelección presidencial a cambio de puestos y dádivas.

Para nadie es un secreto que durante buena parte del gobierno de Uribe, la Corte Suprema de Justicia fungió como un furioso partido de oposición que tenía el poder de investigar y encarcelar a parlamentarios aliados de la administración y a los altos funcionarios de la misma.

La génesis del odio de la corte por Uribe se debe a un discurso pronunciado por el entonces presidente de la República en el marco de la celebración de los 100 años de la creación de la Corte Suprema en el que fijó su posición en defensa de la procedencia de acciones de tutela contra sentencias judiciales, con lo que tomaba partido por aquellos doctrinarios que consideran que la corte de cierre en Colombia es la Constitucional y no la Suprema.

Uribe, por su talante, de manera pública y abierta cuestionó los procesos judiciales que la Corte inició contra algunos de sus aliados, pues el trasfondo político de los mismos era insoslayable.

En medio de las diferencias entre la Casa de Nariño y el Palacio de Justicia, surgió una muy delicada información que daba cuenta de los vínculos existentes entre algunos magistrados y el capo del narcotráfico Giorgio Sale. Así mismo, se conoció que por los pasillos de la corte se paseaba un oscuro personaje también vinculado con la mafia: Asencio Reyes, quien organizaba paseos y pagaba aviones chárter para pasear a los magistrados por diferentes rincones de la geografía nacional.

Giorgio Sale, un reconocido mafioso italiano agasajaba a un grupo de magistrados con toda suerte de atenciones y banquetes en sus restaurantes de Bogotá y Cartagena. Al que fuera presidente de la Corte Suprema, Yesid Ramírez Bastidas, le regaló un lujoso reloj y a otro togado unos botines que fueron “de todo el agrado” de su esposa, tal y como se pudo oír en una grabación que fue revelada en aquel momento por los medios de comunicación.

Y esos hechos debían ser investigados con toda rigurosidad y verticalidad. Resultaba inadmisible que las altas cortes estuvieran al servicio de dos peligrosos mafiosos, hecho que ponía en riesgo la estabilidad de la democracia colombiana.

Aquella investigación dio pie para que los magistrados cuya conducta era abiertamente ilegal desviaran la atención usando la mentirosa versión de que estaban siendo “chuzados” por orden de la Casa de Nariño.

Mientras Uribe confrontaba de manera pública y con argumentos, los magistrados se atornillaron a sus puestos para desatar una violenta venganza que se tradujo en sentencias condenatorias contra funcionarios del gobierno: Sabas Pretelt, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, Alberto Velásquez, Andrés Arias –preso en los Estados Unidos y a punto de ser extraditado desde ese país- y Diego Palacio.

Venganza criminal

Muchos funcionarios de Uribe condenados han alegado que tras los fallos en su contra hay una motivación de tipo político y tal vez algunos de ellos tengan razón. Pero de lo que no hay duda es que en el caso de la “Yidispolítica” lo que imperó fue el odio y la sed de venganza de la Corte Suprema que vio en ese proceso la manera para desquitarse del expresidente Uribe. La prueba se halla en unas grabaciones que se han conocido y que dan cuenta de la parcialidad e inquina con que procedieron los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema. En dichos audios, los magistrados literalmente cuadran sus votos contra Palacio, Sabas Pretelt y Alberto Velásquez al decir que los funcionarios deben ser condenados por unanimidad y “por conveniencia política”.

Aquella confesión es más que suficiente para tumbar la condena que pesa en contra de ellos. Por eso, cuesta entender que la Corte Constitucional no hubiera fallado a favor de Diego Palacio y Alberto Velásquez las acciones de tutela impetradas por ellos con las que pretendían reivindicar el honor y la dignidad que los magistrados politiqueros y vengativos de la Corte Suprema de Justicia les arrebató a través de una condena cargada de ilegalidades.

@IrreverentesCol