no podemos caer en el error de creer que el de Bustos, Ricaurte, Moreno et al, es un hecho aislado.
Con ocasión del debate que se ha generado por cuenta del escándalo de corrupción en la justicia colombiana, valga decir que la propuesta del presidente Uribe en el sentido de que todas las altas cortes deben ser revocadas para efectos de crear una nueva que asuma todas las competencias, resulta oportuna y necesaria.
La sociedad colombiana requiere de una administración de justicia impecable, sobre la que no exista la menor duda y que genere confianza.
El caso del exmagistrado Leonidas Bustos es una verdadera aberración. Produce estupor que quien fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia, se valiera de su poderosa posición para enriquecerse fabulosamente mercadeando decisiones judiciales y convirtiendo al máximo tribunal colombiano en una suerte de plaza de mercado en la que el dinero desplazó a la justicia.
Aún más indignante es el silencio cobarde que hasta ahora ha guardado Bustos. Él, tan vocinglero y pantallero cuando era magistrado, ahora se esconde para no dar las explicaciones que el país reclama.
Como cualquier procesado, Bustos tiene derecho a un juicio justo. Pero este asunto es, ante todo, político, razón por la que sus explicaciones son necesarias. Él, tiene el deber de darle explicaciones a su juez natural, pero también a la opinión pública.
Debe aclarar la sociedad criminal que tenía con el corrupto Luis Gustavo Moreno; explicar por qué convirtió su oficina en el Palacio de Justicia en un antro de corrupción, traicionando la confianza que la sociedad depositó en él.
El problema de la justicia, además de estructural, tiene una connotación compleja por cuenta de las calidades morales de quienes ocupan los cargos en aquella rama.
De nada nos sirve llevar a cabo las reformas que efectivamente se requieren, si en al nuevo esquema llegan personas cuestionables. El corrupto será corrupto en cualquier escenario.
Por eso, la sociedad debe fijar unas reglas muy claras para la elección no sólo de los magistrados, sino de todos los operadores judiciales.
Sin generalizar, porque segura estoy de que la rama judicial tiene funcionarios honestos e incorruptibles, no podemos caer en el error de creer que el de Bustos, Ricaurte, Moreno et al, es un hecho aislado o que se trata de unas “manzanas podridas”.
Debe aprovecharse esta crisis para hacer una revisión integral de la justicia colombiana, en todos sus niveles y en todas sus ramificaciones.
El exvicepresidente Francisco Santos Calderón, ha señalado, por ejemplo, que debe investigarse lo que sucede al interior del Consejo de Estado. Igualmente, existen múltiples quejas de hechos truculentos que ocurren en los tribunales superiores en diferentes ciudades del país.
Está el caso concreto del de la ciudad de Villavicencio, en donde sus magistrados de la sala penal estuvieron involucrados en hechos de corrupción.
Valga entonces este triste episodio, que lacera el alma de la sociedad, para que emprendamos los cambios que demanda nuestra Patria, pero también para fijar unos patrones muy rigorosos para la elección de aquellos que tienen la gran responsabilidad de impartir justicia en nombre de la República.
Publicada: septiembre 2 de 2017