Luego de un apretado debate que se tomó dos días de deliberación, la sala plena de la corte suprema confirmó que el proceso espurio e ilegal que se adelanta contra el señor expresidente Uribe, debe hacerse a través de la denominada ley 906, tal y como se había anticipado.
Increíblemente, la ponencia presentada por el magistrado Gerson Chaverra -conocido por sus vínculos con sectores del crimen organizado y el narcotráfico en el departamento del Chocó- pretendía algo absurdo e ilegal: que la investigación continuara bajo el sistema penal acusatorio, pero con el presidente Uribe privado de la libertad.
La tesis de Chaverra era insostenible y delataba el odio y la inquina política de un sector de la corte en contra del exmandatario.
Un magistrado de la corte le confirmó a este portal que en las deliberaciones, muchos togados aseveraron que el alto tribunal no puede continuar abusando de su condición para hacer ajustes políticos. Las decisiones se deben adoptar en derecho y con apego a la jurisprudencia y no a través de interpretaciones absurdas ni gimnasia jurídica, como efectivamente intentaron unos cuantos prevaricadores de la sala penal, liderados por Chaverra.
Lo cierto es que queda despejado el camino para que, de una vez por todas, pueda cumplirse la tan aplazada audiencia en la que la juez 30 de control de garantías tendrá que otorgar la libertad del presidente Uribe Vélez.
Cuesta entender que una juez dilate tanto una decisión que es obvia y de cuestión mecánica, pisoteando los derechos del procesado. ¿Acaso ella olvidó que es una juez de GARANTÍAS?
Valga recordar que el presidente Uribe lleva más de dos meses en condición de secuestrado. Él es el único colombiano que completa más de 60 días privado de la libertad sin que medie una prueba, ni una orden emanada de una autoridad judicial competente. En el mismo instante en que el exmandatario renunció al Senado, debió haberse despachado su libertad, debido a que la decisión adoptada por el contratista del santismo -el magistrado Reyes- perdió toda validez.
Mirar hacia delante, continuar en la defensa del presidente Uribe y entender que este no es un asunto jurídico, sino un montaje brutal que pretende mancillar el honor de uno de los colombianos más importantes de nuestra historia.
Publicado: octubre 5 de 2020
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