Importantes contratistas del sector de la infraestructura están en la mira de autoridades colombianas y estadounidenses. Vendrían las primeras extradiciones.

Hace algunas semanas el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez hizo un anuncio que generó titulares pero que muchos sectores creyeron que no tendría mayor trascendencia: las personas involucradas en casos de corrupción que hayan movido dineros mal habidos a través del sistema financiero norteamericano serán extraditados a los Estados Unidos.

Uno de los objetivos de Néstor Humberto Martínez es el de combatir con todas las herramientas a su disposición el flagelo de la corrupción. Las normas legales colombianas no son suficientes. Abundan los casos de empresarios y contratistas que, apelando a las figuras que contempla la legislación penal, se han salvado de ir a la cárcel por cuenta de acuerdos y negociaciones perfeccionadas con la fiscalía.

Está el caso del abogado samperista Manuel Sánchez Castro, uno de los cerebros del desfalco a Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas. A pesar de estar involucrado a fondo en el saqueo de la capital, Sánchez, a punta de argucias judiciales y movimientos rápidos, no ha ido a prisión un solo día.

En criterio del Fiscal Martínez, existe una red integrada por cerca de 80 contratistas que utilizan distintas personerías jurídicas para quedarse con el grueso de las grandes licitaciones que se adjudican en el país.

Un verdadero carrusel en el que se configuran uniones temporales o consorcios, pero que en el fondo siempre terminan beneficiando a las mismas personas.

Ha descubierto la fiscalía que de manera sospechosa, cerca del 40% de los grandes procesos licitatorios han sido con únicos oferentes, lo cual permite sospechar que se trata de una operación fríamente calculada en la que los interesados se ponen de acuerdo para que tal o cual empresa o consorcio se quede con el contrato, a cambio de qué esta no participe en otra licitación. Y así, como se dice popularmente, se han repartido una torta de más de 20 billones de pesos sin que el Estado tenga las herramientas para detener ese sofisticado sistema de corrupción.

Lo interesantes es que la decisión de Néstor Humberto Martínez de buscar la cooperación judicial en los Estados Unidos con el fin de perseguir a los empresarios involucrados y poder desarticular esa estructura no se quedó en el mero anuncio.

LOS IRREVERENTES le hicieron seguimiento al caso y han podido establecer que las agencias norteamericanas de investigación están atendiendo el llamado del Fiscal General de Colombia, brindando la información y cooperación solicitada por las autoridades de nuestro país.

En la mira de la Fiscalía colombiana y del FBI y del Departamento del Tesoro están las siguientes empresas:

MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles,  Concay SA, Pavimentos de Colombia, ICEIN Ingenieros Constructores y Pavimentos de Colombia. También está el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz.

Este portal pudo establecer con una fuente oficial que uno de los empresarios implicados en el carrusel de corrupción ha buscado a la Fiscalía General de la Nación con el fin de negociar inmunidad tanto en Colombia como en los Estados Unidos a cambio de entregar toda la información documental que engrosaría el material probatorio que ya tiene la justicia colombiana.

Así las cosas, el año entrante habrá noticias sobre el particular y si el resultado de las investigaciones es el que el Fiscal Néstor Humberto Martínez espera, por primera vez en nuestra historia veremos aviones oficiales de la embajada americana en Bogotá llevando a los tribunales de ese país a importantes empresarios y contratistas de Colombia, con lo que se inaugurará una nueva era en la historia de la cooperación judicial entre Colombia y los Estados Unidos.

@IrreverentesCol

Publicado: Diciembre 16 de 2016