La consulta previa se convirtió en el mecanismo por excelencia para sabotear los proyectos de inversión y la lucha contra el narcotráfico en Colombia. La incapacidad que ha tenido el Estado para regular este instrumento ha causado la pérdida constante de miles de empleos y, ahora, será el principal caballo de batalla con que el terrorismo buscará tumbar la fumigación con glifosato.

Si en algo somos expertos en Colombia es en suscribir cuanto tratado internacional haya sin estudiar a fondo las consecuencias que traen para el País. Por lo general los Cancilleres suelen creer erróneamente que este es un elemento con que muestran gestión y dejan en alto el nombre del País en el exterior.

La Constitución de 1991 nunca contempló tal cosa como la consulta previa y por la mente de los legisladores jamás pasó tal idea. Sin embargo, en ese ridículo afán por no sentirnos excluidos el Gobierno de Virgilio Barco suscribió el Convenio 169 de la OIT, un instrumento que obliga a los Estados a consultarle a las comunidades indígenas y tribales cualquier medida legislativa o administrativa que los afecte directamente.

Muy seguramente cuando el Congreso lo ratificó en 1991 no dimensionó las consecuencias que esto traería para Colombia. Y aunque esa disposición suene romántica y altruista, lo cierto es que son más problemas que soluciones los que ha generado.

Por ejemplo, como el 30% del territorio nacional está en cabeza de indígenas y comunidades étnicas, es prácticamente imposible que los grandes proyectos de inversión como carreteras, puentes o hidroeléctricas no se crucen con estas zonas. Una vez eso sucede, los líderes de dichos grupos exigen adelantar una extensa y desgastante consulta previa que solamente concluye cuando los empresarios se ven obligados a girar multimillonarios cheques.

Y claro, si los inversionistas o el Gobierno se niegan a arrodillarse las comunidades acuden a la tutela para que un juez ordene detener las obras hasta que se adelante la negociación, sin mencionar los casos en que se van a las vías de hecho y paran los proyectos por la fuerza.

En otras palabras, es un instrumento que facilita una extorsión constante que termina paralizando la generación de miles de empleos e incrementa la inseguridad jurídica para el sector privado. No en vano tan solo cinco países Europeos lo han ratificado y, por supuesto, ninguna potencia global se ha metido en esta vaca loca.

Siendo así las cosas, y como ya el daño está hecho, lo lógico es que el Estado regulara este mecanismo a profundidad y pusiera unas reglas claras que dejaran tranquilos a todos los actores. No obstante, en 30 años eso nunca ha pasado y lo que debería ser una prioridad en la agenda legislativa del Gobierno termina quedando relegado al olvido.

Por mencionar un caso, desde 2018 Cambio Radical y Germán Vargas Lleras le presentaron al País un necesario proyecto de ley que subsanaba el vacío normativo existente. Sin embargo, a pesar de lo urgente del caso, el Gobierno lleva tres años sin respaldar una iniciativa que le facilitaría a Colombia la atracción de inversión en infraestructura.

Lo más preocupante, es que ahora el narcotráfico encontró en este instrumento la herramienta perfecta para detener la fumigación aérea. Bajo la excusa de supuestas afectaciones a pueblos étnicos, el Tribunal Superior de Pasto ordenó en una tutela suspender la aspersión en 10 municipios de Nariño que concentran 37.000 hectáreas de coca hasta que no se lleve a cabo la dichosa consulta.

Y como la estrategia funcionó en el sur del País, no demoran en aparecer nuevas tutelas que suspendan el glifosato en Chocó, Catatumbo, Urabá y todas las zonas de producción cocalera de Colombia.

El panorama es crítico y se requiere una acción decidida del Gobierno. O Colombia se retira del Convenio 169 de la OIT o se saca adelante una regulación integral. Lo que no puede suceder, es que mientras el País se cae a pedazos y la institucionalidad pierde todas las batallas jurídicas, no haya un compromiso del ejecutivo para llevar a cabo una agenda legislativa que le dé seguridad jurídica a los colombianos. 

@LuisFerCruz12

Publicado: mayo 19 de 2021