La confianza del ciudadano en las instituciones es uno de los pilares más fundamentales para la construcción de un verdadero sistema democrático. De absolutamente nada sirve destinar miles de millones anualmente en gastos de funcionamiento de cientos de entidades si, a la hora de la verdad, su operación resulta lejana a las necesidades de la sociedad.

Eso, desafortunadamente, es lo que está sucediendo en Colombia. Al hablar con la ciudadanía es evidente el descontento generalizado con el funcionamiento de nuestro Estado y la poca credibilidad que generan la mayoría de instituciones.

Los resultados de esta realidad son desafortunados y los padecemos cada día. Denuncias de situaciones realmente aberrantes como la sucedida esta semana con la actriz Eileen Moreno son un fuerte llamado de atención a las autoridades.

La violencia intrafamiliar es un flagelo que padecen constantemente miles de mujeres en silencio, quienes no tienen la más mínima confianza en las entidades gubernamentales para denunciar los maltratos y salir de ese interminable flagelo.

El caso de Eileen, que requiere de la mayor severidad para castigar un maltrato totalmente abominable y falsamente justificado en una interpretación errónea de la legítima defensa, es una de las muestras más fehacientes que las mujeres antes de acudir a las autoridades, sienten mayor confianza y efectividad en los medios de comunicación.

Y es más que entendible. La tramitología exagerada de los procedimientos oficiales conllevan a un desgaste desbordado que solo genera una profunda decepción en la víctima, mientras, paralelamente, tiene que continuar viéndose sometida al yugo de la violencia.

Por eso, el Gobierno de Iván Duque debe desplegar dos acciones de inmediato para cambiar esta realidad. La primera, es la estructuración de una política seria de prevención de violencia intrafamiliar que le devuelva la tranquilidad y seguridad a las mujeres para poder denunciar estos hechos y, sobretodo, logre eliminar está práctica de nuestras costumbres sociales.

La segunda, es una verdadera reestructuración de la administración pública, de tal manera que volvamos a tener unas entidades eficientes, sin derroche burocrático, que cumplan con sus funciones de manera efectiva, eliminando así duplicidad de funciones entre agencias innecesarias y haciendo de los trámites administrativos algo rápido, cercano al ciudadano y fácil de entender.

La protección de la mujer y la familia no solamente necesita de campañas de concientización e indignación social en los medios de comunicación, sino de modificaciones reales en el funcionamiento de un Estado que, hoy en día, tras 8 años del desgobierno de Santos, es sumamente inservible, alejado de las necesidades del ciudadano de a pie y que en vez de servir a la sociedad parece primero preocuparse por cumplir con compromisos burocráticos.

@Tatacabello

Publicado: septiembre 21 de 2018