Si algo debemos valorarle y aplaudirle al gobierno del presidente Iván Duque, es su compromiso firme en la lucha contra el reclutamiento forzado de menores, crimen que afecta a miles de niños en nuestro país.
Uno de los aspectos que mayores críticas despertó frente al acuerdo entre Santos y las Farc, fue el de la falta de claridad en relación con las sanciones que se debían imponer a los responsables del reclutamiento masivo y sistemático de niños.
A pesar de que insistí públicamente en la necesidad de que mientras se adelantaban los diálogos de La Habana, el gobierno de Santos debía exigir el cese del reclutamiento y la desincorporación de la totalidad de los menores en poder de las Farc, el entonces comisionado de paz Sergio Jaramillo, en una actitud totalmente inaceptable me respondió que no, que las Farc no iban a dejar de reclutar porque “las partes” habían acordado negociar “en medio del conflicto”.
Aquella respuesta, evidencia una absoluta complicidad del gobierno respecto de ese delito. Mientras hablaban en Cuba, los niños colombianos continuaban siendo esclavizados por las Farc, un crimen que viola flagrantemente el Estatuto de Roma que es la norma rectora de la Corte Penal Internacional.
Con la llegada de Iván Duque a la presidencia de la República, se puso fin a esa asociación criminal entre el Ejecutivo y los grupos armados ilegales. Desde el Ejecutivo se ha asumido con seriedad y total compromiso la lucha contra el reclutamiento de menores.
Pero aún falta mucho por hacer. La impunidad es la principal cómplice de los delincuentes que usan a los menores de edad para sus actividades al margen de la ley. Por eso, he venido proponiendo la creación de una unidad especializada que se dedique única y exclusivamente a la investigación y judicialización de esos casos.
Desde el Congreso de la República, igualmente, he impulsado un proyecto de ley que busca aumentar las penas contra ese flagelo. No podemos perder la perspectiva: reclutar a un niño, significa acabar con su vida.
Basta con oír a las niñas de la ‘Corporación Rosa Blanca’ para entender la magnitud de la tragedia que viven quienes fueron esclavizados por las Farc, grupo terrorista que, a pesar de las evidencias, continúa evadiendo su responsabilidad y negando la ocurrencia de ese crimen.
En distintos escenarios, he planteado la necesidad de generar un consenso nacional en contra del negacionismo del reclutamiento forzado de menores. Muchas democracias europeas, por ejemplo, han dado un paso en el sentido correcto incorporando sanciones de todo tipo, contra individuos y organizaciones que nieguen el holocausto judío.
La JEP, que es un tribunal paquidérmico y sesgado a favor de las Farc, pomposamente ha dicho que está adelantando el cacareado ‘caso 07’ en contra de los cabecillas de la guerrilla que ordenaron y ejecutaron miles de reclutamientos de menores. Hasta ahora, no se ha visto un solo avance en dicha investigación. Lo único que hemos conocido, son las declaraciones inaceptables de los comandantes de ese grupo terrorista burlándose de las víctimas y del país, diciendo que ellos nunca abusaron de los niños.
Así que nos corresponde a todos, como sociedad, plantarnos frente a los complacientes magistrados de la JEP para exigirles resultados rápidos. Llevan suficiente tiempo ejerciendo sus cargos. ¿Además de haber liberado al narcotraficante Jesús Santrich, qué otra cosa ha hecho?
Esta semana, la Presidencia de la República, en cabeza de la consejera para los Derechos Humanos, la exministra Nancy Patricia Gutiérrez convocó a una reunión de alto nivel para revisar las políticas públicas frente al reclutamiento forzado de menores. Asistiré al encuentro, en el que insistiré en la necesidad de continuar trabajando sin descanso para que Colombia deje de ocupar la innoble condición de ser el único país del hemisferio occidental donde se registran miles de casos de menores de edad en poder de las estructuras armadas ilegales.
Publicado: enero 25 de 2021
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