Conviene insistir en la recomendación que ha hecho la Conferencia Episcopal acerca de que cada ciudadano vote en conciencia.
La última encuesta de Invamer-Gallup sobre intención de voto en el plebiscito que se proyecta celebrar el próximo dos de octubre muestra que solo el 7,1% de los encuestados dice conocer detalladamente el contenido del Acuerdo Final que se firmará el 26 de los corrientes en Cartagena entre el gobierno colombiano y las Farc.
Es posible que muchos de quienes reconocen haberlo leído no hayan captado sus implicaciones, pues el texto oculta bajo su babosa retórica acuerdos cuyo verdadero contenido solo se hará explícito cuando se proceda a su “implementación” mediante actos legislativos, leyes y decretos que se expedirán de acuerdo con el “Acto Legislativo para la Paz” que entrará a regir si la ciudadanía apoya el Acuerdo Final.
Conviene insistir en la recomendación que ha hecho la Conferencia Episcopal acerca de que cada ciudadano vote en conciencia y con información suficiente acerca de lo que está en juego alrededor de dicho Acuerdo.
Ello significa que la motivación del voto no debe ser emocional, sino muy razonada, y que al sí o el no hay que llegar después de considerar la enorme complejidad que involucra un asunto del que dependerá la suerte futura del país por muchos años.
Sobre todo, el voto por el sí entraña que el Acuerdo Final penetre de modo irreversible el contenido de la Constitución Política y no de cualquier manera, pues la impostura jurídica que han urdido los abogados de las Farc con la anuencia de los negociadores de Santos conlleva que dicho texto solo pueda modificarse por acuerdo entre ambas partes y tenga, por así decirlo, una jerarquía supraconstitucional.
Quizás el ciudadano del común no alcance a entender a las claras lo que ello significa. Se dará cuenta de sus implicaciones cuando ya sea tarde y no pueda dar marcha atrás.
En escritos precedentes he llamado la atención acerca de que el sí en el plebiscito acarrea la adjudicación de poderes dictatoriales a Juan Manuel Santos para modificar mediante decretos extraordinarios o proyectos de reformas constitucionales y legales a los que el Congreso se verá constreñido al humillante “tómelo o déjelo”, toda la normatividad tocante con el contenido del Acuerdo Final.
Y esos poderes extremos de Santos quedarán sometidos a la tutela de la CSVR, integrada por tres representantes del gobierno, tres de las Farc, uno del gobierno de Cuba, uno del de Venezuela, uno del de Chile y uno más del de Noruega, que son los que en últimas decidirán el modus operandi y los contenidos de la famosa “implementación”.
En consecuencia, el voto por el sí no es meramente por la reinserción de los efectivos de las Farc a la vida política normal, ni por la desmovilización de sus frentes, ni por la entrega de sus armas, ni por el perdón y el consiguiente trato amigable a sus crímenes pasados, ni por la protección que piden que se les preste para garantizar que no se los mate, ni por la cesación de sus acciones violentas contra las comunidades.
Por supuesto que todo lo anterior implica costos que sería razonable asumir en aras de la paz. Pero el Acuerdo Final va mucho más allá e implica de hecho que el país quede sometido a la dictadura de las Farc. Estas no solo entrarán a cogobernar con Santos, quien deberá encomendarles la gestión de todos los planes e iniciativas que se prevén en el documento, sino que en rigor lo controlarán a través de la mencionada CSRV, en la que de hecho quedará depositada la soberanía que pomposamente se dice que reside esencial y exclusivamente en el el pueblo,
Los ingentes presupuestos que se contemplan para poner en acción la Reforma Rural Integral se manejarán, a no dudarlo, por las Farc. Y son estas las que controlarán la compleja maquinaria de seguridad ideada para su protección y la persecución que se desatará contra los “enemigos de la paz”.
No solo entrarán al gobierno y lo controlarán una vez se establezca el triunfo del sí. Crearán, además, un partido político dotado de prerrogativas tan exorbitantes que en poco tiempo les darán fuerza electoral valiéndose de los mismos procedimientos corruptos que les han asegurado hasta ahora a los políticos “enmermelados” su continuidad en el poder. Este, simplemente, cambiará de manos y pasará a las de las Farc y sus conmilitones por la vía de la “profunda reforma electoral” que le impondrán a Santos.
Conviene recordarles a los creyentes que piensan que el sí entraña un fervoroso acto de perdón cristiano, que los capos de las Farc no se han arrepentido de sus depredaciones, y que el Acuerdo Final consagrará la instauración con fuerza supraconstitucional de la Ideología de Género que aspira a destruir las creencias cristianas. Por este solo aspecto, un católico de verdad no podría apoyar ese Acuerdo Final. Y el eventual respaldo que por activa o por pasiva le preste la jerarquía eclesiástica no será sino un paso más hacia la apostasía final que ya está en camino,
Es verdad que el resultado favorable al no está lleno de dificultades e incertidumbres de diferentes signos positivos y negativos. Podrían suceder muchas cosas si la ciudadanía rechazara el Acuerdo Final. Pero el sí no traerá consigo la paz. Su resultado nítido será la claudicación ante las Farc.
Amigo lector, si no me cree, relea el texto y trate de digerirlo. Abra los ojos y verá que no lo estoy asustando con temores infundados. No haga lo de muchos otros que se aprestan a votar sí con los ojos bien cerrados.