El doctor Emilio Archila es un hombre que no comparte las ideas y principios políticos de quienes eligieron al presidente Duque. Su designación al frente de la oficina de reintegración generó sorpresa, pues su perfil santista, como es natural, despierta sospechas y alienta la desconfianza.

Fue delegado por el presidente de la República para adelantar el diálogo con el denominado comité del paro. Es evidente que el gobierno tiene la facultad de discutir con los inconformes los motivos por los que están protestando, con el fin de identificar falencias y buscar la manera más sana de resolverlas.

Pero no debe olvidarse que el diálogo no es la regla. Todo lo contrario. Es la excepción.

Hay asuntos que, por el bien de la democracia, no pueden ser tenidos en consideración. Lo primero: con encapuchados no hay nada de qué hablar. Los delincuentes que bloquean las vías, que incendian inmuebles, que atentan contra la Fuerza Pública, que saquean almacenes de todos los tamaños y condiciones, que impiden el abastecimiento de víveres y de insumos médicos, deben ser enfrentados con la contundencia correspondiente y llevados ante la justicia, sin consideración ninguna, como ha hecho durante todos estos días el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa.

No puede perderse la perspectiva. En Colombia no existe el derecho a la violencia. Quienes destruyen bienes públicos no son manifestantes legítimos sino criminales sobre los que debe caer todo el peso de la ley.

El caso del anciano que fue brutalmente atacado en el norte de Bogotá debe ser un campanazo para que las autoridades, pero especialmente el gobierno, entiendan la gravedad de la situación.

En gracia de discusión, si el señor efectivamente hubiera atropellado a la manifestante, aquello no excusa ni justifica la reacción endemoniada de los compañeros de la supuesta agredida.

Increíblemente, los desadaptados que destrozaron el vehículo, que afortunadamente era blindado, por que en caso contrario el conductor habría sido linchado por la turbamulta, no han sido puestos a disposición de la justicia.

Se le ha pedido de todas las formas posibles al presidente de la República que ejerza la autoridad. Él tiene todo a la mano para devolverle la calma al país. Es inocultable que el doctor Duque procede de buena fe y pensando en el bienestar de Colombia, pero propios y extraños coinciden en que la situación está cada vez más cerca de ser incontrolable.

Ahora bien, el desespero legítimo que genera la situación que vive el país, no puede llevar a que los voceros del presidente cometan errores que pueden costarle muy caro al gobierno, pero sobre todo al Estado.

Hay países, como los Estados Unidos, que tienen una norma inquebrantable: con terroristas no se negocia. Punto. Aquello debería ser materia de estudio de los jóvenes ministros del gobierno nacional que tienen buena preparación académica, pero poca experiencia. En este caso particular hay que insistir en la consigna:  los encapuchados no hay nada de qué hablar.

El manejo que se le ha dado a la crisis del puerto de Buenaventura es catastrófico. Es escalofriante que en la carretera, tomada por los terroristas, se esté permitiendo el paso vehicular cuando ellos quieren y en las condiciones que ellos impongan. Esos tiempos inmundos de los retenes y las tomas de las vías a manos de los criminales no pueden repetirse, mucho menos durante un gobierno elegido bajo las tesis del Centro Democrático, ergo de la Seguridad Democrática. 

No es tarea fácil, pero tampoco imposible. El presidente Iván Duque goza del respeto y del respaldo de un sector de la sociedad y de su partido. Con eso tiene para tomar decisiones y aplicarlas.

@IrreverentesCol

Publicado: junio 4 de 2021