La comisión de la verdad, entidad creada en el marco del proceso espurio con la banda terrorista de las Farc, actúa como si tuviera una licencia amplísima para inmiscuirse en todos los asuntos nacionales.

Su mandato está contenido en un decreto del año 2017 y se limita a 13 aspectos relacionados con lo que en el gobierno de Santos llamaban el “conflicto armado interno”, denominación bastante controversial que no se ajusta en absoluto a la realidad de violencia terrorista que sufrió Colombia.

Por supuesto, la comisión -que encabeza el inefable Francisco de Roux- no tiene competencia para fisgonear en situaciones como el paro criminal que desde hace un mes martiriza al país.

No obstante, emitió un comunicado inaudito en el que no se hizo una condena inequívoca del vandalismo, ni de los ataques brutales de que han sido víctimas cientos de policías.

En criterio de los parcializados integrantes de la comisión, “hemos acompañado las marchas que anticipan en cantos y tambores una nación nueva y hemos estado en la calle atentos a comprender a los jóvenes que resisten”. ¿Resisten? ¿Acaso Colombia sufre un régimen dictatorial en el que unos valientes jovencitos se enfrentan a los déspotas? La presentación hecha por la comisión de la verdad riñe alevosamente con la realidad.

“En nuestra tarea de esclarecer las verdades de la historia del conflicto encontramos que estigmatizar la movilización social provoca nuevas indignaciones, sobre todo de los jóvenes ante los compañeros asesinados; y constatamos que enfrentar la protesta civil con estrategias de guerra ha empujado la continuación del conflicto armado interno…”, se lee en otro párrafo del inaceptable comunicado que, por supuesto, se cuidó de no hacer mención ninguna de los policías asesinados, ni de las conflagraciones desatadas por los “jóvenes indignaditos”. Por supuesto, tampoco se rechazó el brutal ataque a un CAI de Bogotá, en el que los terroristas trataron de quemar vivos a los uniformados que estaban encerrados en ese lugar. Mucho menos, se refirieron a los atentados criminales contra las gentes de bien que viven en Cali y que siguen sufriendo toda suerte de vejámenes ante la mirada complaciente del alcalde de la capital vallecaucana.

Como si fueran jueces, se apresuraron a emitir absoluciones a los criminales al decir que “los jóvenes han insistido en que esa violencia no es de ellos y que la utilizan para estigmatizarlos…”.

Los comisionados de la verdad que -con una o máximo dos excepciones- son afectos al socialcomunismo se metieron en la discusión económica nacional: “Las manifestaciones han puesto en evidencia que las formas como se da el ‘modelo económico’ en Colombia profundizan la exclusión y el racismo y generan una profunda desigualdad que deja a la mitad de los colombianos en la pobreza, a multitudes campesinas sin tierra y a millones de jóvenes sin educación, empleo ni esperanzas hasta llevar a algunos a tomar el camino de las pandillas y a la lucha armada. Contra esta realidad estructural e innegable se moviliza el Paro”. Se concentraron en escribir paro, con P mayúscula, para que no quede duda ninguna de la trascendencia que le otorgan a la jornada violenta que se sufre en Colombia.

El párrafo anterior parece calcado del programa neocomunista de Gustavo Petro. Sin reflexión ni crítica ninguna. Los señores de la comisión no han pensado un instante en el costo que le ha significado a la economía nacional estos 30 días de bloqueos que han llevado a la ruina a cientos de empresas, dejando a miles de personas sin empleo.

Y claro, no podían dejar de mencionar el aspecto de la tenencia de la tierra, un asunto de honor para los socialcomunistas que no ven la hora de empezar a decretar las expropiaciones. O, para hacerlo de una forma “sutil”, de aumentar exponencialmente los impuestos a las tierras que ellos califiquen como improductivas o poco productivas, para asfixiar a sus propietarios, obligándolos a entregárselas al Estado para zafarse de la carga tributaria.

No es algo nuevo. Ya lo hizo Stalin tan pronto se convirtió en el amo y señor de las Repúblicas socialistas soviéticas. Su primer objetivo fueron los propietarios rurales -llamados kulaks– que en principio fueron ahogados con tributos impagables. Aquel fue el primer paso de lo que en la camarilla estalinista llamaron la “deskulakización” que en palabras sencillas fue la expropiación que tanto seduce al señor Petro y que, ahora se puede confirmar, es asunto de interés de la peligrosa comisión de la verdad.

Tremendamente preocupante que los comisionados no hayan gastado una línea -así fuera para salvar las apariencias- en relación con los policías asesinados, como es el caso del patrullero Carlos Andrés Rincón quien estuvo desaparecido durante algunos días y cuyo cuerpo fue hallado flotando en las aguas del río Cauca. ¿Esa vida no tiene valor? ¿Dónde ha quedado la caridad cristiana del sacerdote de Roux, presidente de la comisión de la verdad?

@IrreverentesCol

Publicado: junio 8 de 2021