Un carro bomba contra un centro educativo resultó ser un legítimo acto de guerra susceptible de ser amnistiable. Esta fue la última perla de la JEP ante el País. Los 14 muertos que generó el atentado terrorista contra la Escuela Superior de Guerra en el 2006 resultaron ser una insignificante cifra más para los magistrados de ese tribunal.
Sin embargo, esa espuria decisión era de esperarse. Al fin y al cabo, frente a la JEP siempre han existido más cuestionamientos que virtudes. Las denuncias de corrupción y clientelismo son ampliamente conocidas por la opinión pública, al igual que los millonarios contratos que suscribieron la mayoría de sus togados con el Gobierno Santos.
Además, el País todavía recuerda como la “ingenuidad” de los magistrados -por no catalogarlo como debería- permitió la posterior fuga de Santrich a Venezuela a pesar del evidente material probatorio que denotaba su participación en el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.
Por si fuera poco, y realmente este es el punto más crítico de todos, es más que evidente que los soldados y policías de la Patria carecen de garantías en ese tribunal. No se les respeta un juzgamiento por parte de su juez natural y ciertamente mientras la JEP es completamente condescendiente con “La Mata Hari”, al mismo tiempo ejecuta un implacable proceso contra el General Mario Montoya, por solo mencionar un caso de los cientos de oficiales que son obligados a someterse a esa jurisdicción.
Cuánta falta hace, por ejemplo, la sala especial compuesta por miembros de la Fuerza Pública que se propuso en el 2018. Esa instancia por lo menos hubiera equiparado las cargas y respetado la garantía más esencial a la que toda persona tiene derecho en un proceso penal. No obstante, a pesar de su necesidad la coyuntura en el Congreso no permitió que se hiciera realidad.
Por eso, confiar en la JEP es casi que una misión imposible. Nos cuesta $97 mil millones de pesos al año y las decisiones que toma dejan en el desconcierto a la opinión pública. Se exculpan las atrocidades de una guerrilla que se rasga las vestiduras en el Congreso hablando de paz sin pagar un solo día de cárcel ni tampoco entregar las rutas del narcotráfico a las que se comprometió.
A lo largo de la campaña del 2018 se habló de la importancia de reformar o acabar la JEP. El pueblo colombiano respaldó mayoritariamente esta idea, pero a la fecha nada ha sucedido. Se deben retomar urgentemente estas banderas y sacarlas adelante en el Congreso, así se afronte una ardua oposición.
Lo que está de por medio, lejos de ser una vanidad electoral, es el futuro del País. La impunidad es la partera de nuevas violencias y el mensaje que constantemente envía la JEP es que la atrocidad paga. Todo queda en el olvido y, mientras tanto, el legado de 212.000 hectáreas de coca del proceso de La Habana sigue más sólido que nunca.
Publicado: marzo 11 de 2020
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