Mientras niños Guayuú mueren de hambre, gobierno gastará 2.8 mil millones para alimentar a los cuidanderos de las Farc.

Dado que el acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno de Santos no fue validado popularmente, se creería que mientras no se defina un acuerdo nuevo que incluya todos los cambios que exige la mayoría ciudadana que votó por el NO el pasado 2 de octubre, el gobierno si bien no tiene que suspender el proceso de paz, sí está obligado a poner en pausa cualquier acción adicional respecto del mismo.

En sus palabras y en sus acciones, el presidente Santos ha hecho hasta lo imposible para desconocer el resultado del plebiscito. En Londres, ante el Parlamento británico, aseguró que el NO había ganado haciendo trampa y engañando a los electores. Aquellas desafortunadas expresiones indefectiblemente obligan a recordar las palabras que en 2007 pronunció el fallecido mejor amigo de Santos, Hugo Chávez, cuando la oposición ganó el referendo de aquel año. En su momento el desaparecido sátrapa venezolano dijo que se trataba de “una victoria de mierda”.

Santos, que en las formas no es tan brutal como lo era Chávez, en el fondo tiene el mismo talante antidemocrático y violento contra quienes se le oponen. No es una mera coincidencia que muchos opositores al santismo hayan sufrido persecución por parte de la politizada justicia colombiana.

Si con sus palabras el presidente de la República ha descalificado la victoria del NO, con las acciones administrativas emprendidas desde el 2 de octubre queda confirmado que en efecto el Ejecutivo vive como si el acuerdo no hubiera sido rechazado por las mayorías ciudadanas.

Prueba de ello es el contrato número 202 de 2016, celebrado entre el denominado Fondo de Programas Especiales para la Paz –Fondopaz- (entidad que cumple instrucciones del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo) y el representante legal de la empresa Soluciones JR, compañía especializada en el suministro de víveres y preparación de alimentos y que registra antecedentes contractuales con el ejército, la Policía y el ICBF.

De acuerdo con la información pública, Soluciones JR esta ubicada y registrada en la Cámara de Comercio de la ciudad de Villavicencio y su representante legal es el señor Juan Rodolfo Quintero Rodríguez.

Dicho contrato se firmó el pasado 26 de octubre y tiene el objeto de suministrar la alimentación de los miembros del denominado mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, es decir de los veedores de los terroristas que serán concentrados en las denominados Puntos de Pre-agrupamiento Temporal. El generoso contrato, que empezó a cumplirse desde el momento de su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, le costará a los colombianos la suma de $2.822.976.000 pesos.

Con dinero público se financiarán los desayunos, almuerzos, comidas y refrigerios de los cuidanderos de los guerrilleros de las Farc que sean llevados a los campos de concentración.

Llama la atención el presupuesto fijado para cada una de las raciones. En efecto se estableció que para cada desayuno, almuerzo o comida, se pagarán $24.000 pesos, una cifra muy por encima del valor de una ración común y corriente.

contrato

Contrato de alimentación de guerrilleros de las Farc.

Resulta indignante que el gobierno, que no tiene dinero para atender la hambruna que padece la comunidad Wayuú y que permanentemente cobra la vida de niños, destine miles de millones de pesos para alimentar a un grupo tripartito de observadores que estará integrado por terroristas de las Farc, miembros del gobierno y agentes extranjeros. ¿Si la ONU está tan interesada en apoyar el proceso de paz, por qué no asume esos gastos?

La situación fiscal de la nación pasa por un momento de grandes dificultades como consecuencia del talante derrochador de un gobierno que ha gastado a manos llenas. Ahora, que las arcas están vacías el ministro de Hacienda, cual alcabalero de la antigüedad, planea una agresiva reforma tributaria con la que va a ahogar a los ciudadanos que se verán obligados a pagar elevadísimos tributos.

¿Quién puede entender entonces que en estos momentos, con los problemas sociales que padece nuestra nación, el gobierno destine cerca de 3 mil millones de pesos para darles comida a unos observadores, entre los que se cuentan miembros de la banda terrorista que lleva décadas sometiendo y vilipendiando al pueblo?

Ese tipo de decisiones abiertamente desafiantes, claramente imprudentes y profundamente vejatorias son las que aumentan día a día la desconfianza y el rechazo de la ciudadanía hacia el proceso que Santos ha adelantado con Timochenko y sus secuaces.

@IrreverentesCol