Cuando el comportamiento colectivo de una sociedad se altera y escoge el camino contrario al de respetar y acatar las normas incorporadas en el ordenamiento jurídico y acude al resquebrajamiento de los principios democráticos, es necesario y con  urgencia prender las alarmas para buscar soluciones antes que el despeñadero de la anarquía se tome por completo la sociedad colombiana.

Los hechos vencen las teorías, tesis o estudios, tan comunes en la palabrería diaria de expertos, científicos, intelectuales y académicos que parecen tener solución a todos los problemas que nos aquejan. Las principales ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali -sin ocultar que es problema de todas las ciudades-, están tomadas por la delincuencia.

Las calles, barrios o cualquier sitio, hacen parte del imperio del miedo, implementada por la criminalidad en la vida de los ciudadanos. La inseguridad es hoy el principal problema de los centros urbanos y con ello todo lo que se desprende de su accionar: robos, fleteos, sicariato, extorsiones, microtrafico, trata de personas, préstamos “gota a gota” y juegos de azar ilegal.

El debilitamiento institucional que vivimos debido a varios factores y en especial a la falta de confianza y credibilidad en la justicia, está siendo sustituida equivocadamente por la gente -al creer que como no se hace justicia pronta y eficiente o como cada quien cree que debe de ejercerse- con acciones colectivas de linchamiento o ajusticiamiento contra delincuentes en flagrancia que son capturados por la reacción oportuna de víctimas y testigos.

Podrán existir argumentos válidos para reaccionar de manera violenta contra los delincuentes, pero escoger ese mecanismo de “justicia” es solo seguir abonando el terreno del imperio delincuencial que se tomó las ciudades; también es contribuir con el deterioro institucional y el entierro del imperio de la Justicia que debe de emanar de la Constitución Política y de valores superiores que rigen nuestra sociedad democrática.

Uno de los ejemplos dolorosos y que contribuyeron con el espiral de violencia que generaron los grupos terroristas de las Farc y el Eln fue la creación de grupos paramilitares, conformados ante la incertidumbre y poca reacción del Estado en brindar seguridad. Algunos argumentaran que se optó por el camino de la autodefensa, derecho natural, pero riesgoso y equivocado.

Estos mecanismo de linchamiento y ajusticiamiento contra delincuentes es un proceder que deja al ciudadano de bien en el mismo nivel delincuencial e ilegal de quien supuestamente están aplicándole “justicia callejera”. Por ahí no es el camino.

Entiendo y dimensiono el descontrol que viven nuestras calles, producto de alcaldes díscolos, populistas y concentrados en vanidades personales o en el peor de los casos, concentrados en negocios. La responsabilidad de la seguridad en las ciudades son de los alcaldes y de la Policía, son ellos los obligados a responder por la seguridad ciudadana, son ellos los que deben devolverle la tranquilidad a las calles, y claro, lo ideal es que tuviéramos un presidente de la República, liderando y ordenando sobre lo que se debe de hacer en materia de seguridad, pero eso es pedir imposibles con este gobierno.

Desde esta tribuna de opinión, convoco a mis lectores para iniciar la tarea que nos corresponde. Rechazar con contundencia estos procedimientos ilegales y criminales que se imponen en las calles y que no corresponden al comportamiento de un ciudadano ejemplar y cumplidor de sus deberes legales.

No podemos celebrar este mecanismo de “justicia”, nuestro deber es creer, acatar y fortalecer la justicia como único mecanismo para devolver a los colombianos la seguridad y la paz. No debemos por ningún motivo apoyar o celebrar este perverso camino que solo nos lleva a la anarquía.

@LaureanoTirado

Publicado: enero 30 de 2017