Por estar fanatizados en la agenda de las Farc, gobierno olvidó los problemas diarios de los ciudadanos como el consumo de sustancias psicoactivas: grave problema de seguridad ciudadana y cáncer de la juventud.

La semana pasada reapareció Simón Gaviria Muñoz (Director de Planeación Nacional)  con una nueva encuesta, esta vez sobre “Narcomenudeo en Colombia: una transformación de la economía criminal”.

Sabíamos que teníamos el histórico primer lugar a nivel mundial en cultivar, producir  y exportar cocaína y marihuana, pero que el mismo Director de Planeación Nacional oficialice que ahora también somos consumidores desbordados de las mismas es para hacer un alto en el camino en esta carrera sin sentido en la que nos tiene el gobierno y las Farc en los últimos 6 años.

No se necesita revisar el desconcertante pero real informe del “narcomenudeo en Colombia” para saber que la juventud está sumida en el infierno del consumo de drogas y que las ciudades capitales e intermedias de nuestros departamentos se las tomó el imperio del microtrafico y la criminalidad.

Las calles, parques, colegios o lugares comunes están invadidas de jóvenes que deambulan como zombis consumiendo alucinógenos que por obra y gracia de la Corte Constitucional se convirtió en elemento de la formación y del desarrollo de la personalidad. ¡Que despropósito!

Gracias a la sentencia C-221/94 y a su ponente el Magistrado Carlos Gaviria Díaz (QEPD) la Corte Constitucional despenalizó el consumo de la dosis personal de marihuana y cocaína para abrir las compuertas del consumo de drogas de manera incontrolable entre los jóvenes y de paso demoler la argumentación moral y ética que millones de padres de familia imparten en la formación de sus hijos.

Hoy la sentencia de la Corte Constitucional es argumento de los jóvenes consumidores contra el accionar de la Policía y administradores de Justicia que luchan contra el consumo de drogas y el operar de las bandas criminales.

Los resultados del despropósito de la Corte Constitucional y de leyes permisivas  son impactantes.

Más de un millón y medio de colombianos son consumidores habituales de marihuana, cocaína, bazuco y drogas sintéticas, mercado que incentiva el aumento de cultivos ilegales de coca y marihuana que está por el orden de las 200 mil hectáreas e incrementa las finanzas de las bandas del microtrafico que movieron en el año 2015 la cifra de seis billones de pesos.

El consumo de drogas entre los jóvenes está ligada a las organizaciones criminales que operan en las ciudades. Más allá del impacto social y familiar, el común denominador de los delitos de homicidio, hurto, fleteo, lesiones personales, abuso sexual y otros es que sus actores materiales son adictos a cualquier sustancia psicoactiva.

El consumo de drogas es un problema de criminalidad sin control que atenta contra la seguridad ciudadana.

Nuestras ciudades están al borde de la anarquía, tomadas por la ilegalidad: juegos de azar, mototaxismo, venderos ambulantes, prestamos “gota a gota” y otras crecientes formas de trabajo informal son financiadas con recursos del tráfico de estupefacientes que se mueve en las calles.

Los alcaldes prefieren gobernar por Instagram que enfrentar y solucionar los problemas que afectan la vida colectiva de sus gobernados.

Colombia necesita gobernantes que rescaten e impongan valores fundamentales olvidados para recuperar la sana convivencia de los ciudadanos y ciudades donde no de miedo caminar por las calles, donde la ley y el orden sean de nuevo la prioridad de los gobernantes y el rumbo de la sociedad.

@laureanotirado