Aunque se ha dicho que el acuerdo de concentración de miembros de las Farc obliga a que éstos se asienten en “zonas veredales” ubicadas en 12 departamentos, en la práctica la guerrilla tendrá presencia armada y legalizada en la mitad del territorio nacional.

Protegidos por los 450 hombres que en principio desplegará la ONU, pero sobre todo por el documento por medio del cual el Estado colombiano renunció a su deber de enfrentarlos, las Farc tendrán el control militar del país en zonas estratégicas por las que durante más de 20 años combatieron. Lo que no lograron en el campo de batalla, lo alcanzaron en el acuerdo celebrado hace pocos días en La Habana.

A las 23 zonas veredales acordadas podrán entrar civiles, lo cual permite creer que sucederá exactamente lo mismo que el país rechazó cuando existió el Caguán: desfile de todo tipo de personas, incluidos terroristas internacionales, como los 4 miembros del IRA que fueron capturados cuando salían de aquella zona de despeje.

Varios interrogantes surgen frente a las denominadas zonas veredales: ¿Cuál será su tamaño y quién, además de la guerrilla, ejercerá el control al interior de la misma? Porque el mecanismo de monitoreo y control del que se habla y que estará en manos de la ONU no prevé que al interior de aquellas zona haya presencia efectiva de la Fuerza Pública colombiana, con lo que se abre la posibilidad de que ocurra lo mismo que en la zona de despeje conocida como el Caguán, a la que fueron llevados secuestrados, vehículos robados. Allí tenían que concurrir los empresarios y ganaderos a pagar extorsiones y negociar liberaciones.

Mapa de las Zonas Veredales (izq) y mapa de cultivos ilícitos en Colombia (der)

¿Qué garantía real existe de que las 23 zonas veredales no se conviertan en antros para la comisión de delitos? Santos manipula y confunde a la opinión pública, haciéndole creer que el diálogo que está adelantando es con una organización civilista, respetuosa de los Derechos Humanos y ajena a la comisión de cualquier delito, cuando las Farc son exactamente todo lo contrario. Llama igualmente la atención que, de acuerdo con el mapa revelado, las zonas veredales coincidan con las áreas donde hay un mayor número de cultivos ilícitos.

En el lenguaje utilizado está el truco de la trampa que el gobierno y las Farc le han tendido a Colombia. Nótese que cuando los guerrilleros ingresen a las zonas veredales, deberán, supuestamente, depositar sus armas y explosivos en unos armerillos previamente construidos. Pero serán las Farc las responsables de que eso se cumpla. Eso es exactamente lo mismo que lo que en su momento pactó el gobierno de Gaviria con Pablo Escobar: el capo se sometió al Estado, pero con la condición de que fuera confinado en una zona que él controlaba, dentro de una cárcel construida por sus hombres y en la que la seguridad interna dependía de su organización criminal. Afuera, a varios kilómetros de distancia estaba el primer anillo de seguridad del Estado que nunca supo, o no quiso saber, lo que realmente sucedía al interior del penal.

Resulta absurdo y de extrema candidez que el gobierno crea firmemente en la buena voluntad de las Farc, banda terrorista que valga recordar, a lo largo del proceso de paz ha cometido toda suerte de delitos. Basta recordar la masacre de 11 soldados en abril del año pasado en Buenos Aires, Cauca, asesinados mientras dormían, o las extorsiones que siguen haciendo, presentándolas ahora como “impuestos para la paz”, tal y como hace unas semanas denunciaron LOS IRREVERENTES (Ver: “Las Farc cobran impuesto de paz”).

La ONU no solo avala sino que cuidará las zonas de despeje que Santos le concederá a las Farc

Un nivel mínimo de credibilidad y confianza despertarían las zonas veredales si, por ejemplo, se hubiera establecido un mecanismo de observación permanente, con rendición de informes frecuentes a una comisión especial del Congreso de la República integrada por todos los partidos, fundamentalmente de aquellos que han elevado su voz crítica frente a los acuerdos entre el gobierno y las Farc.

La falta de transparencia y de controles reales, permiten concluir que en 1998 el entonces presidente Pastrana decretó una zona de despeje y en 2016, Santos acordó 23 áreas similares, a las que al ponerles el nombre de “verdales” pretende confundir a la opinión pública. No se especifica el tamaño de las mismas, pues tal y como se lee en el acuerdo revelado hace pocos días en La Habana, éstas son “de tamaño razonable que permite el monitoreo y la verificación”.

Conclusión: a partir de lo que las Farc y el Gobierno han llamado “Día D”, Colombia será en la práctica, un país despejado de Fuerza Pública y los terroristas ejercerán como amos y señores en las repúblicas independientes que les han sido concedidas.

@IrreverentesCol