Si Claudia López no permite la expansión de Bogotá en el POT, condenará a la ciudad a agravar los problemas ya existentes en movilidad, vivienda y costo de vida. Una realidad que debe ser analizada bajo criterios técnicos y no con apasionamientos mediáticos que se celebran en la coyuntura, pero que generan resultados nefastos a mediano-largo plazo.
Como tal, se espera que en pocos días el Distrito radique el Plan de Ordenamiento Territorial ante el Concejo de Bogotá. Un documento que marcará el futuro urbanístico de la ciudad para los próximos 12 años y tendrá consecuencias directas en materia de construcción, inversiones, reactivación económica, generación de empleo y calidad de vida.
Aunque muchos son los temas que se tocan ahí, uno de los principales objetivos del POT debería ser la disminución de dos indicadores cruciales para la ciudad: el déficit habitacional y la densidad poblacional. El primero, de acuerdo al DANE ascenderá a 177.000 viviendas en una década con un aumento del 30% cada diez años. El segundo, ya se ubica en las 24.643 personas por kilómetro cuadrado.
Estos dos fenómenos, íntimamente ligados, denotan una clara realidad: en Bogotá hay demasiada gente viviendo en poco espacio como consecuencia, por un lado, de la escasez de terrenos disponibles para construcción de vivienda y, por otro lado, de las restricciones normativas que actualmente existen para urbanizar determinadas zonas de la ciudad.
Esta confluencia de factores genera varios problemas. En primer lugar, como la oferta de vivienda no logra responder a la alta demanda, su precio se dispara y encarece el costo de los arriendos y la adquisición de inmuebles. No en vano la ciudad tiene uno de los metros cuadrados más costosos de la región.
En segundo lugar, a lo largo de los últimos años Bogotá ha ido expulsando progresivamente a un segmento considerable de sus habitantes hacia los municipios aledaños, principalmente a Soacha, Mosquera y Madrid, lo cual es el resultado de una oferta de vivienda más barata y accesible que compite con los elevados costos de la capital.
En tercer lugar, esa expulsión ha generado una presión adicional a la infraestructura de transporte existente, la cual no se diseñó para garantizar corredores de movilidad rápidos y seguros que lograran dar respuesta al flujo migratorio que se dio hacia esos municipios, situación que explica en parte el desastre que se vive a diario en la Autopista Sur o la Calle 13.
En otras palabras, las dificultades de planeación que ha tenido Bogotá causan una constante encrucijada en las personas: o se mudan a un municipio aledaño para ahorrar recursos, así eso implique un viacrucis diario en movilidad, o viven varios individuos bajo un mismo techo.
Por eso, es vital que en el POT se permita la expansión organizada de la ciudad hacia el poco terreno que queda disponible, puntualmente Lagos de Torca y la reserva Van der Hammen. Si el Distrito no lo hace y se enfrasca en un radicalismo que le declara la guerra a la urbanización ambientalmente amigable de la ciudad, se agravarán los problemas ya existentes en Bogotá.
La construcción de vivienda, con los empleos que genera, continuará trasladándose a los municipios cercanos, mientras miles de personas seguirán siendo desterradas de la ciudad por no tener la capacidad adquisitiva para cubrir los elevados costos de manutención. La Bogotá incluyente de la que tanto habla el Distrito no será más que una mentira y los corredores viales que conectan las salidas de la capital no darán abasto para cubrir tanta demanda de transporte.
Publicado: septiembre 8 de 2021
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