La legalidad, eje fundamental del gobierno del presidente Iván Duque parte de la base de que todas las acciones por fuera de la ley serán enfrentadas con el peso de la misma. 

Las vías de hecho no tienen cabida ninguna en una democracia como la nuestra. Se equivocan quienes creen -como es el caso de Petro- que lograrán sus propósitos incentivando el desorden, la violencia y las protestas no pacíficas. 

Lo sucedido con los indígenas violentos del Cauca, que durante casi un mes bloquearon la vía Panamericana, que utilizaron artefactos explosivos y que asesinaron a un miembro de la Fuerza Pública, es algo que no puede repetirse. 

El hecho de que el gobierno, en aras de evitar un desmadre en el orden público, haya concentrado sus esfuerzos en hallar una solución, no significa, ni mucho menos, que se haya sentado un precedente de debilidad frente a los violentos. 

El presidente Duque es un hombre con talante y firmeza, características que el país le conoció cuando, como senador de la República, fue uno de los líderes -junto al presidente Uribe y el hoy canciller Carlos Holmes Trujillo-  del NO en el plebiscito. 

Su posición al respecto siempre fue coherente y contundente. El acuerdo celebrado entre Santos y las Farc, cargado de elementos nocivos para la salud de la República, fue vehementemente cuestionado por Iván Duque quien, con argumentos sólidos se erigió como uno de los principales arquitectos de la derrota del mismo en las urnas, el 2 de octubre de 2016. 

Que nadie se llame a engaños: el gobierno nacional, bien dispuesto, abierto al diálogo y respetuoso de la protesta social, no tolera ni acepta que los violentos impongan sus condiciones a través del uso de la fuerza.

Una democracia no se rinde ante el chantaje de la dinamita. 

Ahora bien: los indígenas que salvajemente recurrieron a las vías de hecho durante los 26 días que duró el bloqueo de la Panamericana, tarde o temprano tendrán que ser individualizados y llevados ante la justicia para que respondan por los crímenes cometidos. 

El gobierno no cedió ante la violencia desatada por los antisociales; el gobierno actuó responsablemente pensando siempre en los intereses superiores de la Patria. 

En adelante, como lo ha planteado el presidente Uribe, corresponde actuar de manera mucho más rápida para evitar que los antisociales vuelvan a generar parálisis, como la que acabamos de padecer. 

Gobernar no es tarea fácil y mucho menos a un país como Colombia, que quedó totalmente descuadernado después del nefasto periodo de Juan Manuel Santos. No hay una Fuerza Pública fortalecida y no hay un servicio de inteligencia eficaz. Tarea grande la que tiene por delante el ministro de Defensa, Guillermo Botero a quien le corresponderá reconstruir totalmente a nuestras Fuerzas Militares y de Policía, instituciones que fueron prácticamente desmanteladas por Santos. 

Lo cierto es que las vías de hecho son intolerables y en adelante, cualquier intento por aterrorizar al pueblo colombiano a través de acciones deleznables y criminales como fue el bloqueo de la Panamericana, deberán ser asumidos como un asunto de orden público.

En el caso de los indígenas de la minga, hubo disposición para encontrar un acuerdo sensato a través de un programa de inversiones financiado con dineros que ya estaban previstos en el plan nacional de desarrollo, pero ese acuerdo en ninguna parte contempla que esos salvajes -los indígenas- quedan habilitados para continuar adelantando las acciones que aterrorizaron al sur del país y llevaron a la ruina a miles de colombianos que los perdieron todo como consecuencia del insensato bloqueo de una de las principales carreteras del país. 

@IrreverentesCol

Publicado: abril 9 de 2019