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7 terroristas capturados en Cali con elementos para la fabricación de bombas caseras, fueron puestos en libertad por un juez que concluyó que esos delincuentes no son peligrosos para la sociedad.

No más parsimonia ni maniobras apaciguadoras. La amenaza es muy grande. Esto no es un juego de niños ni un pulso menor. Está en riesgo la libertad de 50 millones de colombianos.

Si de enaltecer la verdad se trata, todos los ministros de Defensa del gobierno Uribe tienen el deber moral de informar sobre los protocolos implementados en la aplicación de la Seguridad Democrática.

Se equivocan quienes creen que Vargas Lleras es la persona indicada para enfrentar a Petro. Él simboliza todos los vicios políticos que tanto rechazo generan en la opinión pública.

El paseo del alcalde Daniel Quintero Calle a Barranquilla, supuestamente para atender una reunión convocada por Asocapitales, es una afrenta a los habitantes de la capital antioqueña.

El incompetente Pedro Castillo se impuso en la campaña política peruana promoviendo, como Gustavo Petro, el odio de clases y amenazando con expropiaciones. Castillo es la marioneta del jefe comunista Vladimir Cerrón.

El objetivo consiste en evitar que Colombia caiga por el abismo neocomunista. Si los defensores de la democracia liberal se descuidan, Petro se puede crecer y ganar en la primera vuelta.

Para los vulgares magistrados de la sala de instrucción -que seguramente han hecho lo mismo desde que hacen parte de la rama judicial- empacar fajos de billetes en bolsas de plástico es algo natural.

En Colombia no existe el derecho a la violencia. Quienes destruyen bienes públicos no son manifestantes legítimos sino criminales sobre los que debe caer todo el peso de la ley.

El diálogo con los delincuentes no es una obligación. De hecho, es una excepción. El deber consiste en enfrentarlos, combatirlos, reducirlos, llevarlos a la cárcel.

El líder indígena del departamento del Cauca Antonio Vitonas acusa a Petro de haber participado en la masacre de Tacueyó de 1985, donde fueron asesinadas más de 160 personas.

Detalles del atraco bancario en el que estuvo involucrado el dirigente de FECODE, Carlos Enrique Rivas y cómo sus abogados dilataron el juicio hasta lograr la prescripción.