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La separación entre Iglesia y Estado, además de garantizar el laicismo, impone obligaciones de lado y lado. Inaceptable que el obispo de Cali toma partido por los violentos.

Difícilmente se oirá a un petrista haciendo propuestas políticas de fondo. Lo de ellos es el insulto, la embestida verbal, el maltrato, la propagación del odio y el estímulo de la ira.

Como bien ha anotado el presidente Uribe, los episodios de violencia pretenden generar caos y apuntalar la candidatura del cabecilla del socialcomunismo, Gustavo Petro.

Esta no es una discusión entre quiénes son buenos y quiénes son malos. El debate es otro: la democracia colombiana está siendo amenazada por sectores violentos.

Resultan de singular importancia los mensajes enviados por el ministro de Justicia respecto del combate frontal y sin ambages de los criminales.

El fiscal general Francisco Barbosa reveló que muchos de los vándalos que aterrorizan a la ciudad de Cali, reciben jugosas sumas de dinero de la mafia.

Quintero, por más imitaciones que haga del socialcomunista Petro, no tendrá salida distinta que la de ponerle la cara a la justicia.

No deja de ser preocupante que los desmanes de orden público e produzcan a los pocos días del anuncio del gobierno respecto del reinicio de la fumigación de cultivos ilícitos.

Aunque pareciera imposible, el socialismo del siglo XXI, como un agresivo cáncer, está despertando nuevamente en América Latina.

Senador socialcomunista Alexander López viola la ley al ordenarle a la policía la liberación de unos delincuentes capturados en Cali.

El responsable único y directo de los hechos de violencia que desembocaron en muertes, saqueos y lesiones es Gustavo Petro.

No tiene porqué sorprender que Petro aparezca enredado con mafiosos. Se forjó en una banda de delincuentes que fungía como brazo armado de nadie menos que de Pablo Escobar.