Empiezan a conocerse noticias que dan cuenta de actos de corrupción en la adquisición de mercados y en la compra de elementos médicos para hacerle frente a la pandemia.
Por citar un caso puntual, un veedor ciudadano de Guaduas, Cundinamarca, ha denunciado gigantescos sobrecostos en un contrato para la compra de alimentos para los adultos mayores que viven en ese municipio.
Está perfectamente establecido que el grupo más vulnerable frente al coronavirus, son las personas mayores de 70 años, población sobre la que se debe observar un cuidado especial.
Una de las primeras determinaciones adoptadas por el gobierno nacional consistió en decretar el confinamiento obligatorio de las personas mayores de 70 años, hasta finales del mes de mayo, con el propósito de protegerlos del contagio.
En consecuencia, el Estado se ha comprometido a destinar los recursos necesarios para garantizar el cobijo y la alimentación de los viejitos.
Resulta inadmisible que personas inescrupulosas estén haciendo negocios en estos momentos de dificultad, como el alcalde de Guaduas quien adquirió unos mercados sobre los que se ha señalado, hay sobrecostos de más de $300 millones de pesos.
Dado que el alcalde de ese municipio, Germán Herrera Gómez fue elegido con el aval del Centro Democrático, este portal le consultó al presidente Uribe sobre el caso. Su respuesta fue tajante: “Hay que denunciarlo. Ya mismo voy a preguntarle al partido”.
El Contralor General de la República, Felipe Córdoba, ha denunciado que la entidad que él dirige ha revisado más de 37 mil contratos que se han celebrado en los últimos días y los investigadores han encontrado sobrecostos de por lo menos $80 mil millones de pesos en la adquisición de alimentos, en distintos departamentos del país. Los hallazgos son espeluznantes, como el pago de $19 mil pesos por una lata de atún que, en el peor de los casos, cuesta $3.400 pesos.
Aquel desfalco que se está perfeccionando, además de ser escandaloso e inadmisible, no puede quedarse en la denuncia pública. Urge que haya acciones contundentes, implacables e inmediatas por parte de las autoridades.
El fiscal general Francisco Barbosa, ha dicho sistemáticamente que la cuarentena no puede convertirse en un espacio para que los delincuentes hagan de las suyas.
Así que todos los que estén abusando de la crisis para robar -ya sea con los alimentos o con los elementos médicos-, deben ser capturados y llevados ante los jueces de la República, porque esas personas son peligrosas para la sociedad.
Las autoridades colombianas deberían emular la celeridad y contundencia de la justicia estadounidense. Tan pronto se desató la crisis del coronavirus en los Estados Unidos, el FBI capturó a un individuo que revendía tapabocas y geles desinfectantes con sobreprecio de hasta el 700%. Dada la situación por la que atraviesa el país, el sujeto podrá ser condenado a 5 años de prisión y al pago de una multa de hasta $250 mil dólares.
Publicado: abril 9 de 2020
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