Distintas fuentes allegadas a la investigación por el magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado confirman que en las próximas semanas la fiscal del caso, Elba Beatriz Silva tomará decisiones de gran relevancia respecto del crimen que, desde hace más de 25 años, continúa en la impunidad.

Aquello explicaría en buena medida el desespero de algunos funcionarios del gobierno samperista, especialmente el del exdirector del DAS, el cuestionado Ramiro Bejarano Guzmán, conocido en el mundo del espionaje como ‘el sabueso’.

Hace poco, la representación de la familia del doctor Gómez Hurtado, en cabeza del jurista Enrique Gómez Martínez reveló la existencia de una evidencia que confirmaría lo que desde siempre se ha denunciado: los seguimientos que desde el DAS de Samper se le hacían al dirigente conservador.

Las pruebas, literalmente estaban desaparecidas, pero gracias a una intensa gestión y en virtud de un fallo de tutela, éstas aparecieron y están a buen recaudo de los agentes del CTI adscritos a la investigación.

Las evidencias son contundentes y ratifican que efectivamente la policía política samperista, manejada por Bejarano Guzmán, durante los minutos previos al asesinato estaba siguiendo al doctor Gómez Hurtado, hecho que desde hace muchos años fue denunciado contundentemente por quien fuera ministro de Defensa, Fernando Botero Zea. 

Samper y su lugarteniente Bejarano, fueron los encargados de impartir las ordenes de perfilamiento, espionaje y seguimiento ilegal al líder conservador, hecho que ahora se podrá confirmar documentalmente gracias a la información que ahora tienen los investigadores del caso. 

En ese orden de ideas, la fiscalía, con estas nuevas evidencias a la mano, querrá oír la versión de tres personas clave: Ramiro Bejarano Guzmán, Laude Fernández -subdirector de Inteligencia del DAS en el momento de los hechos- y Pablo Felipe Robledo, quien fuera secretario privado de Bejarano en aquella época. 

Laude Fernández, un delincuente que toda su vida se ha movido en la zona gris entre la legalidad y la ilegalidad, fue descubierto, imputado y encarcelado por liderar una banda criminal encargada de adelantar interceptaciones ilegales.

Como superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo recurrió a los servicios de Fernández, hecho que aún continúa sin ser investigado y sancionado. 

La familia de Álvaro Gómez, a pesar de las trabas, los ataques, las persecuciones y la soledad, no ha desfallecido. 25 años de lucha contra una marea inmunda de corrupción, empieza a dar resultados. Tarde o temprano, la justicia tendrá que imponerse. 

@IrreverentesCol

Publicado: septiembre 10 de 2020