Para el uribismo, el caso del exministro Andrés Felipe Arias se convirtió en una suerte de “punto de honor”. El exfuncionario, condenado a más de 17 años de prisión por la corte suprema de justicia en el marco de la investigación por el caso de Agro Ingreso Seguro, y que buscó refugio en los Estados Unidos, lleva más de un año en una cárcel de máxima seguridad de la ciudad de Miami, mientras se surte su proceso de extradición a Colombia. 

Para poder entender el caso de Arias y buscar una salida realista y apegada a las normas legales vigentes, corresponde hacer un análisis sereno y desprovisto de cualquier asomo de paroxismo. 

Es cierto que la corte que juzgó y condenó a Arias era abierta y evidentemente antiuribista. Muchos de los magistrados que participaron en el proceso, previamente se habían declarado “víctimas” de Uribe por las supuestas chuzadasdel DAS. Ese simple hecho, era un impedimento para que esos individuos pudieran hacer una valoración sensata de las pruebas que había contra el exministro de Agricultura y proceder de manera consecuente y ponderada. 

Es muy posible que Arias haya sido víctima de lo que el profesor Günter Jakobs llama “el derecho penal del enemigo”, tesis que sostiene que una persona es condenada por ser quien es y no por haber cometido un delito. 

El proceso de extradición de Arias empezó a surtirse pocas semanas después de proferida la sentencia condenatoria en su contra. Una vez la sala penal de la corte suprema de justicia aprobó por una mayoría de 8 contra 1 el proyecto de fallo, se supo que Arias ya no estaba en el país. Los medios de comunicación reportaron que se encontraba en la ciudad de Miami desde donde impetró una solicitud de asilo ante el USCIS –United States Citizen and Immigration Services-.

Arias fue sentenciado en julio de 2014 y en octubre de ese año la sala penal suscribió el oficio en el que solicitó la extradición del exministro del gobierno de Álvaro Uribe.

En ese punto es donde empieza a generarse una confusión que es determinante aclarar. La autoridad que solicita a Andrés Felipe Arias es la sala penal de la corte suprema de justicia para efectos de que se cumpla la condena interpuesta. Para efectos del trámite, se recurre a la cancillería, entidad que términos simples presta un servicio de mensajería, pues se limita a remitir el pedido ante el país donde se encuentra la persona buscada por la justicia colombiana. 

El asunto es evidente a la luz del principio elemental de la división de poderes. El ministerio de relaciones exteriores, que hace parte del Ejecutivo, no es autoridad jurisdiccional razón por la que no tiene competencia alguna para pedir o suspender una extradición; simplemente transmite la decisión del juez, que en este caso concreto es la sala penal de la corte suprema. 

Durante todos estos años, Arias no ha logrado que los Estados Unidos avancen en la evaluación de su solicitud de asilo. De hecho, el proceso de extradición dejó en suspenso aquel trámite, razón por la que será muy difícil que Arias logre algún tipo de protección internacional en suelo estadounidense. 

A pesar de las dificultades, que son evidentes, el exministro ha logrado apuntarse algunos logros. El más relevante: la decisión del comité de derechos humanos de las Naciones Unidasen Ginebra, Suiza, que le solicitó al Estado colombiano garantizarle el derecho a una doble instancia. Tan pronto se produjo dicho fallo, el gobierno nacional acogió lo estipulado en el mismo y le solicitó a la corte suprema de justicia -juez natural de Arias- proceder en consecuencia. 

No son pocos los que consideran que la condena contra Arias fue injusta y exagerada, razón por la que coadyuvan el pedido de la segunda instancia y se muestran indignados ante la posibilidad de que el exfuncionario sea extraditado a Colombia a cumplir la sentencia de 18 años de prisión que le fue impuesta.

Es evidente que el gobierno anterior hizo lo que más pudo para perjudicar al exministro. Juan Manuel Santos fue un perseguidor obsesivo y enfermizo de todo lo que oliera a uribismo. Arias, hay que decirlo, no fue el único. No viene al caso hacer el listado de personas afines al expresidente Uribe que sufrieron las consecuencias de su fidelidad y militancia política. 

Pero en el caso concreto de Arias, flaco favor le prestan a la causa quienes equivocadamente están culpando al gobierno Duque por la suerte del exfuncionario. Ni Duque ni su canciller, Carlos Holmes Trujillo son competentes para retirar el pedido de extradición. 

Así las cosas, en aras de enmendar la injusticia cometida y de sacudirse del lastre politiquero que cargan sobre sus hombros, son los magistrados de la sala penal de la corte suprema de justicia quienes están obligados moralmente a hacer un alto en el camino, acoger el mandato del comité de derechos humanosde la ONU, conceder la segunda instancia para Arias y en consecuencia suspender de manera inmediata el pedido de extradición hasta que no se resuelva definitivamente la situación jurídica del exministro de Agricultura.  

Dificultades como esta, en la que está en juego lo sentimientos de una familia, no pueden ser utilizadas con fines políticos para hacer planteamientos inviables e irresponsables. Mal por aquellos que se están valiendo de la situación de Arias para hacer política de la peor laya. 

@IrreverentesCol

Publicado: enero 14 de 2019