Doctor

Néstor Humberto Martínez

Esta semana usted posesionó a los nuevos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. La noticia hubiera pasado desapercibida de no ser por sus exigentes palabras que obligan a los nuevos funcionarios a reactivar los procesos contra aforados: “La justicia no es para los de ruana aquí hay investigaciones muy importantes contra aforados y tienen que desarrollarse. Esos 1.400 procesos tienen que moverse y con resultados”.

Lamentablemente para la institucionalidad y para la democracia, los colombianos cada día creen menos en la Justicia. El cumplimiento del ordenamiento jurídico, columna vertebral de la justicia y de la democracia se estratificó, es cuestión de oferta y demanda: y si la sal se corrompe… Es imposible creer en la justicia o en sus administradores cuando en las últimas décadas se ha realizado el mayor asalto al presupuesto público de manera impune desde el nivel central hasta en el más insignificante municipio de Colombia. Todos sabemos que la corrupción que se apoderó y devora sin contemplación al Estado, creció y se mantiene por la complicidad de funcionarios corruptos del poder judicial, de la contraloría y procuraduría que terminaron en convivencia con las mafias que se apoderaron de la contratación pública.

Todo abuso contra el presupuesto público merece atención inmediata de los administradores de justicia, pero existen un caso sensible, abominable, que merece capítulo especial en su periodo como Fiscal General: el robo a la salud.

La salud fue saqueada con la complicidad activa o pasiva de funcionarios públicos, empleados, contratistas, médicos, interventores, revisores fiscales, gerentes, superintendentes, juntas directivas, en fin, por todos los integrantes que pertenecieron a ese monstruo criminal en que se convirtió el sistema de salud.

El presupuesto de la salud se esfumó a través de empresas fachadas de políticos inescrupulosos que junto a empresarios de la salud se apoderaron de las administradoras del régimen subsidiado de salud (ARS) que alimentaban y fortalecían financieramente las empresas prestadoras de salud (EPS), responsables de la quiebra de la red pública de hospitales. Liquidar algunas EPS fue una solución técnica necesaria para frenar el crecimiento de la cartera de los hospitales e instituciones prestadoras de salud (IPS), pero se engavetó lo fundamental: la investigación.

Son indignantes las noticias diarias: niños enfermos de cáncer que no tienen el tratamiento necesario para poder salvar sus vidas, ancianos durmiendo en porterías de EPS para lograr cita médica o medicamentos, hacinamiento en las salas de urgencias, o la privatización absurda de las unidades de cuidados intensivos UCI, nueva modalidad en el negocio de la salud.

Con todo el respeto que merece su investidura, pero conocer de su trayectoria personal, moral y profesional, le ruego señor Fiscal, que concentre todos sus esfuerzos para que Colombia conozca quienes se robaron los billones de pesos de la salud, y que llevó a la mendicidad a millones de colombianos que esperan atención en todos los niveles de la salud.

Mientras estas noticias sigan siendo el diario vivir y los responsables de esta tragedia que tiene característica de crimen de lesa humanidad sigan cargando la paloma de la paz en la solapa de sus vestidos sin responder por sus delitos, el discurso de la paz seguirá siendo tema que no tendrá credibilidad entre los colombianos.

Tenemos fe en usted, Señor Fiscal.

 

@laureanotirado