La carretera que la exministra Álvarez contrató a dedo con Odebrecht termina a 3.7 kilómetros del puerto de los Parody.

El padre y los tres hermanos de la exministra de Educación Gina Pardoy son juiciosos y ambiciosos hombres de negocios. Su fuerte, desde hace muchos años es el transporte fluvial. Poco a poco se han ido consolidando como el grupo empresarial más poderoso de Colombia en ese ramo.

En su condición de socios de la empresa Cartagena II S.A propietaria de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, el 30 de marzo de 2011 pusieron sus ojos en la construcción de un puerto sobre el río Magdalena en el municipio de Gamarra, departamento del Cesar.

Se trata de un terminal fluvial que tiene un propósito doble: recibir carbón y mercancía en contenedores.

Para tal efecto, a través del representante legal de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, el capitán (r) Alfonso Salas Trujillo informaron oficialmente a la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena su propósito e iniciaron los trámites de rigor.

Presentaron ante la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar la solicitud de licencia ambiental para iniciar las obras del Terminal Fluvial Andalucía S.A. que es el nombre oficial del puerto.

En la resolución 0026 del 24 de enero de 2013 emitida por Corpocesar y suscrita por el director general de esa entidad, Kaleb Villalobos, se lee que” el representante legal de Cartagena II S.A,  Alfonso Salas Trujillo solicitó la licencia ambiental ante Corpocesar para la construcción de un puerto fluvial sobre el río Magdalena en jurisdicción de Puerto Viejo, municipio de Gamarra, Cesar…”.

De acuerdo con las coordenadas presentadas por los interesados en construir el puerto, los terrenos están ubicados 5.5 kilómetros al norte del casco urbano de Gamarra.

Dado que la solicitud estuvo bien sustentada y llenaba los requisitos exigidos por las normas legales, Corpocesar procedió a otorgar el 24 de enero de 2013 la licencia ambiental.

Así las cosas, a la empresa de la familia Parody sólo le faltaba firmar la concesión que tenía acordada con Cormagdalena desde el 3 de octubre de 2011 por 20 años para darle la largada al proyecto.

Pero algo hacía falta: una buena carretera para sacar el 1.2 millones de toneladas de carga que proyectan mover por ese puerto

Y en ese punto es donde empieza una cadena de hechos y coincidencias desafortunadas que obligan a que la hoy exministra Cecilia Álvarez Correa explique el porqué de las decisiones que a partir del momento en que la empresa de los Parody obtuvo la licencia ambiental para iniciar las obras del puerto en Gamarra, adoptó en relación con la carretera entre ese municipio y Ocaña, en el Norte de Santander.

La línea de tiempo

En marzo de 2011 la empresa de la que es socia la familia Parody inició el proceso para que Cormagdalena  les diera la concesión del puerto en Gamarra. En enero de 2013, Corpocesar les concede la licencia ambiental para iniciar las obras civiles del puerto.

Existía un inconveniente de orden práctico: la falta de una política pública tendiente a mejorar la navegabilidad del río Magdalena. Ese bache fue subsanado a través del documento Conpes número 3758 del 6 de agosto de 2013  que incorporó un “plan para establecer la navegabilidad del río Magdalena” enfocado en tres acciones fundamentales. Una de ellas, “el desarrollo y fortalecimiento de servicios de transporte, logísticos e intermodales, considerando el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos del río”. En otras palabras: la construcción de puertos en puntos estratégicos del Magdalena.

Dicho documento Conpes cuya elaboración fue liderada por el Ministerio de Transporte –en cabeza de la doctora Cecilia Álvarez- y Cormagdalena reveló que “actualmente se están definiendo importantes inversiones para cuatro puertos ubicados en Gamarra…”.

Uno de ellos era la denominada Terminal Fluvial Andalucía S.A. Para ese momento, no se trataba de una idea sino de un proyecto que tenía todos los documentos aprobados para empezar a desarrollarse.

Y la doctora Cecilia Álvarez preparó, sustentó y suscribió un documento Conpes que claramente favorecía los intereses comerciales de la familia de su pareja Gina Parody. (Sobre este asunto, puede leer “La ruta Parody”)

¿Por qué la ministra no se declaró impedida para participar en ese Conpes, sabiendo que la familia de la persona con la que tiene una sociedad conyugal de hecho era propietaria de un millonario  y ambicioso proyecto que se beneficiaba directamente con la aprobación de dicho documento?

Conseguida la licencia ambiental y firmado el Conpes, sólo faltaba que se hiciera la carretera para sacar toda la carga que llegará al puerto. La misma ministra Álvarez hizo la diligencia, burlándose de la ley de contratación estatal y asignando a dedo la adición presupuestal para que Odebrecht construyera la carretera que desembocará a 3.7 kilómetros de la entrada del Terminal Fluvial Andalucía S.A. de los señores Parody.

Ya con todo debidamente organizado –licencia ambiental, política para mejorar la navegabilidad del río Magdalena y carretera-, los poderosos empresarios procedieron a firmar el contrato de concesión número 3-0005-2015 el 24 de enero de 2015 con Cormagdalena

En la cláusula 6 de dicho contrato de concesión se lee que al terminal portuario “se puede acceder por vía terrestre a través de la Ruta del Sol-Sector II…”.

El epílogo de esta historia es que la empresa de la familia Parody tendrá por 20 años la concesión de un puerto a orillas del Magdalena con la certeza de que, gracias al documento Conpes que les elaboró la doctora Cecilia Álvarez al río se le inyectarán centenas de miles de millones de pesos para facilitar su navegabilidad y con la ventaja adicional de que podrán sacar el 1.2 millones de toneladas de carga a través de una maravillosa autopista que la misma doctora Álvarez les hizo llevar hasta los linderos del terminal fluvial.

Sobre este caso de corrupción, puede leer:

@IrreverentesCol

Publicado: enero 18 de 2017