Los días que faltan para que llegue el 27 de octubre y se defina el panorama político del país en el nivel territorial, son cruciales para las campañas electorales que están en marcha. Puesto que son los meses en los que la opinión pública empieza a percibir con mayor intensidad al candidato y a sus propuestas, y se establecen las fuerzas dominantes entre los votantes.

No obstante, en el afán de ganar, algunos candidatos olvidan que toda acción que desempeñen para conquistar a su electorado, debe estar en el marco de la ley y ceñirse a los topes de financiación establecidos por el CNE. Situación que desafortunadamente ha generado en Colombia un nicho temporal de corrupción, que logra alejar el voto de su verdadero valor; pasando de ser la muestra más evidente de la democracia, a convertirse en un eficiente mecanismo de clientelismo.

Lo anterior parece obvio, pero en diferentes regiones no lo es con exactitud. A pesar de los esfuerzos que la organización electoral emprende para enfrentar flagelos como la trashumancia, la compra de votos y el soborno a jurados de votación, estas prácticas continúan existiendo y su marcada presencia en ciertos lugares, impide que las elecciones sean totalmente transparentes y democráticas.

Al respecto,  es importante tener en cuenta que de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (2019), para este año hubo un incremento del 3.18% en los límites legales de financiación de las campañas locales, el cual fue definido en relación al censo electoral de cada municipio o departamento. Para el caso de Bogotá, por ejemplo, las campañas a la Alcaldía no podrán exceder los $ 4.172.120.979 millones y las de Concejo, tampoco sobrepasarán los $ 21.245.808.221 millones. Montos que resultan racionales y demuestran que para ganar no se necesita hacer trampa.

En este sentido, aprovecho para recordar a todas las personas que aspiramos a un cargo de elección popular, que el trabajo en campaña y la rectitud con la que se lleve a cabo, será el reflejo temprano de nuestra labor como posibles dirigentes y la evidencia más cercana de la vocación que cada uno tiene por el servicio público.

También es cierto que la responsabilidad no sólo será de los candidatos, sino de los ciudadanos. En quienes reposa la decisión final, decisión que entre otras cosas, debe darse de manera sensata y voluntaria, con la conciencia suficiente de que el voto tiene una implicación social enorme para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes y aportar al colectivo. Vender el voto puede ser un beneficio personal a corto plazo, pero al mismo tiempo, se puede convertir en una cadena anunciada de malas gestiones y grandes afectaciones al interés general.

Esperemos que Bogotá siga votando conscientemente y lo haga pensando en que el próximo alcalde, futuros concejales y miembros de las JAL,  tienen en sus manos el rumbo de la ciudad durante los siguientes cuatro años y el bienestar de más de siete millones de personas. Votar libremente es un principio fundamental para que entre todos Ordenemos el Futuro de la ciudad.

@JuanPCamachoS

Publicado: agosto 15 de 2019