El Presidente Uribe, dejó un país próspero y bastante mejor al encontrado en 2002, en su Gobierno el PIB aumentó en un 105%; el desempleo se redujo en un 25%, y la inversión extranjera directa aumentó en un 222%. Tal vez, fue esa una de las razones, por las cuales Santos pensó, que podía derrochar todo lo ganado por su antecesor, y para conquistar un Nobel, empeñó a Colombia con el terrorismo, desfalcando las arcas del Estado. Hoy, que el país por causa del COVID- 19, se adentra a la peor crisis económica de su historia, se hace imperativo que se frenen estos excesos y empecemos por eliminar el chupasangre más grande, la JEP.

Ese chupasangre, puede que sea una realidad jurídica, pero por serlo, nadie debe olvidar su ilegitimidad, pues fue rechazada por los colombianos en el plebiscito, y aprobada por un procedimiento espurio como lo fue el ¨fast track¨, en contravía de la Constitución. De manera que antes de entablar cualquier debate de austeridad, el país debe exigir eliminar esta asquerosa institución, cuyo único fin ha sido el de perseguir a las fuerzas militares y a todo lo que se asocie a Álvaro Uribe Vélez. Analicemos objetivamente y sin ninguna clase de apasionamiento el impacto en política social que traería una eventual eliminación de la JEP, por ejemplo:

¿Cuántos mercados, se podrían comprar con lo que cuesta la JEP? Esa JEP, le ha costado a los Colombianos prácticamente medio billón de pesos; en dos años de funcionamiento, y particularmente para el 2020 se le asignó un presupuesto de más de 300 mil millones, con lo cual podríamos comprar más de 3.9 millones de  mercados. ¿Acaso no es más importante combatir el hambre, que ahondar en los gastos de un tribunal al servicio de los intereses del terrorismo?

Desde donde se mire, impactaría positivamente la eliminación de la JEP, para invertir ese dinero de los colombianos, en los colombianos de más bajos recursos. Por ejemplo, el Gobierno nacional se ha propuesto el desafío de entregar a más de 3 millones de familias un ingreso solidario de 240 mil pesos, de eliminarse la JEP, podrían orientarse estos dineros a beneficiar a más de 1.2 millones de  familias adicionales ¿Acaso no es más importante darle la mano a las familias Colombianas, que mantener un tribunal parcializado, cuyo único fin es perseguir a todo lo que no esté alineado con los intereses zurdos?

Todas las políticas sociales, podrían beneficiarse con la eventual eliminación de la JEP,  solo en marzo 1.6 millones de personas se quedaron sin empleo. Así las cosas, el país no puede darse el lujo de seguir pagando camionetas blindadas, escoltas y los gastos de funcionamiento de este tribunal parcializado. Incluso, podríamos pensar, que si nos ahorramos esos más de 300 mil millones de pesos, conseguiríamos eliminar ciertos impuestos para las MyPymes y en consecuencia, un aumento en  el número de empleos.

El país no aguanta más el derroche y los abusos, ¿Sabían ustedes que la JEP destina recursos para que las FARC, se puedan defender ante tribunales internacionales, por crímenes que ellos cometieron? Es decir, que en medio de la pandemia todos nosotros estamos asumiendo de nuestros bolsillos la defensa de estos bandidos. Digamos todos en una sola voz: Cambiemos la JEP por política social, cambiemos la JEP por menos impuestos, cambiemos la JEP por Mercados y sobretodo cambiemos la JEP por un mejor futuro para Colombia.

@jarizabaletaf

Publicado: mayo 2 de 2020