Con un Bono Educativo Familiar, el Estado puede mejorar la calidad de la educación sin emplear más recursos.

Colombia debe pensar en soluciones efectivas a sus problemas más apremiantes, como la escasa cobertura y la falta de calidad en su sistema educativo. Tenemos una profunda deficiencia en materia de educación que no permite ofrecer igualdad de oportunidades para todos y que amplía las brechas sociales, impidiendo superar la pobreza, la violencia y el subdesarrollo.

La educación pública en nuestro país es costosa, escasa y de mala calidad, sometiendo a una gran desventaja a quienes no tienen los recursos suficientes para ingresar a una institución privada. Según las pruebas de Estado, entre los 100 mejores colegios del país solo hay uno público, el Instituto Alexander Von Humboldt de Barranquilla.

En Bogotá el 77% de la oferta educativa, primaria y secundaria, corresponde a colegios privados de todos los estratos. El 23% restante es educación pública: 16% Distrital, 6% colegios con matricula contratada y 1% colegios por concesión.

De los 100 mejores colegios públicos de Bogotá, según la evaluación multidimensional realizada por la SED, 22 colegios son por concesión, de los cuales 6 están entre los primeros 10. Situación que pone en evidencia la amplísima diferencia que hay entre la calidad de la educación que ofrecen los privados frente a la que ofrece el Distrito.

La educación pública en Bogotá, no solo es de menor calidad, sino que resulta mucho más costosa. Mientras un niño en un colegio público, administrado por el Distrito, le cuesta al erario $3.696.911 al año, un niño en un colegio por concesión le cuesta $2.050.718.

Una de las posibles soluciones, al problema de oferta y calidad, puede ser el BONO EDUCATIVO FAMILIAR que, con recursos públicos, permita a las familias escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. No es justo condenar a los pobres a un sistema público de mala calidad y sometido a los vaivenes políticos. Las familias deben tener el derecho de escoger el colegio que mejor satisfaga sus intereses y que mejor se ajuste a su visión del ser humano y la sociedad.

Con un BONO EDUCATIVO FAMILIAR, el Estado puede ampliar la oferta y mejorar la calidad de la educación sin emplear más recursos. De esta manera obligaría a la educación pública a competir por la demanda, llevándolos a mejorar su oferta, a ser más eficientes en su administración y a ajustarse a una sana lógica de mercado.

Un subsidio a la demanda bien focalizado, evitaría problemas como el de las cartillas y la ideología de género, pues los padres podrán escoger entre un colegio confesional y uno laico, un gimnasio o un liceo.

No podemos permitir que la educación de nuestros niños esté en manos de un sistema burocrático, corrupto, politizado e inoperante y de unos maestros que no están dispuestos a someterse a evaluaciones, ni a la actualización de su conocimiento. Mientras no reformemos nuestro sistema educativo, no lograremos ser una Nación desarrollada, incluyente y competitiva.

@SHOYOS