Desde que Claudia López ejerce como alcaldesa de Bogotá, hay sectores de la capital que se han convertido en tierra de nadie.

En la localidad de Usaquén, al norte de la ciudad, los robos están disparados. Durante los primeros 5 meses de este año se presentaron más de 2700 casos de hurto. Fue en allí donde un médico de la Fundación Santa Fe se vio forzado a enfrentar a tiros a una banda de delincuentes que pretendía secuestrarlo. 

Mientras crece aceleradamente el número de personas contagiadas con el coronavirus sin que la alcaldesa haga lo correspondiente para hacer respetar las normas de distanciamiento social, el crimen organizado ha hecho de las suyas en la capital de las República. 

Abundan las denuncias de ciudadanos que, además de soportar los rigores de la cuarentena, han sido víctimas de los antisociales.

El caso  más preocupante ocurrió la semana pasada con ocasión del cinematográfico asalto de un edificio completo, al que ingresaron 10 hombres fuertemente armados. 3 apartamentos fueron saqueados sin que la policía se diera por enterada, a pesar de que a muy pocas cuadras del lugar de los hechos hay un CAI. 

La pandemia ha servido para que los bandidos hagan su “agosto” por cuenta de la falta de coordinación y mando de la alcaldesa López que es muy hábil lanzando trinos en su cuenta de Twitter e insultado y maltratando verbalmente a los funcionarios de la alcaldía, pero bastante incapaz cuando de gobernar a la ciudad se trata. 

Ella, cuya soberbia le impide reconocer sus errores y aceptar que las improvisaciones de su administración han resultado fatales, tampoco ha querido responder por los elevados índices de inseguridad que se registran en la ciudad. 

Pendiente de que los medios de comunicación amigos la ensalcen y la exalten -medios que coincidencialmente han recibido jugosas recompensas publicitarias-, la señora López ha resultado una pésima gobernante que ha hecho un triste despliegue de ineptitud en la atención de grave crisis que se vive en la ciudad. 

Con el mayor número de contagiados por el COVID-19 -más del 30% del total nacional- y llegando al 65% de ocupación en las camas de cuidados intensivos, a la preocupante situación sanitaria se ha sumado la situación de inseguridad que despierta un muy justificado temor en la ciudadanía. 

La alcaldesa tiene el deber de garantizar la vida y bienes de todos los ciudadanos que se sienten amenazados por la pandemia y por los criminales que delinquen con total libertad e impunidad. Lo ocurrido en el edificio del norte de Bogotá, no puede manejarse como un hecho aislado ni anecdótico. Es de suma gravedad que un edificio entero sea tomado por una banda criminal cuyos integrantes, según denuncian las propias víctimas, portaban armas largas y es aún más delicado que el hecho haya ocurrido a muy pocos metros de una estación policial. 

Urgen las respuestas concretas por parte de la alcaldía mayor que, valga decirlo, está en mora de poner en marcha un plan concreto para garantizar la seguridad de los bogotanos. 

@IrreverentesCol

Publicado: junio 23 de 2020