La decisión de la Contraloría Distrital de abrir investigación preliminar a 16 de los 20 alcaldes locales de Bogotá por presuntas irregularidades en contratos que ascienden a $82 mil millones es la crónica de una muerte anunciada. La ciudad no puede seguir teniendo una estructura administrativa donde hay duplicidad de funciones y abunda el derroche burocrático.

Comencemos por el principio. El Estatuto Orgánico de Bogotá establece que la ciudad no solamente contará con la Alcaldía y el Concejo, al igual que a nivel nacional está el Gobierno y el Congreso, sino que diseña una descentralización territorial dentro de la misma capital.

Es decir, crea un modelo administrativo donde se busca que el Estado tenga una interlocución mucho más cercana, prácticamente a nivel de los barrios, con todos los habitantes de la ciudad. Para materializarlo, divide la capital en 20 localidades y cada una de estas se compone de una Alcaldía Local y una Junta Administradora Local-JAL, lo cual es el equivalente al Distrito y al Concejo pero a nivel micro.

Ahora bien, para darle vida a esta estructura local el Estatuto ordena que no menos del 10% de los ingresos corrientes de la administración central del Distrito deberán ser destinados a las localidades. Esto, en palabras sencillas, significa que en 2019 de $9.8 billones se debían entregar como mínimo $985 mil millones a la descentralización territorial.

Sin embargo, ese monto hace bastante tiempo se excedió. En efecto, nada más el año pasado a las 20 localidades de Bogotá se les asignaron $2 billones, lo cual representa el 20.4% de los ingresos corrientes del nivel central del Distrito y el 7.8% de la totalidad del presupuesto de la ciudad.

Aunque esto pareciera no implicar mayor problema, la realidad es que los bogotanos estamos financiando dos estructuras burocráticas bastante costosas para cumplir la misma función, dado que, en vez de centralizar toda la operación en el Distrito y sus respectivas entidades, terminamos fraccionando la ejecución para que una parte la hagan las localidades.

Por ejemplo, no hay fundamento técnico que justifique que la reparación de una vía dentro de un barrio la tenga que hacer la Alcaldía Local de Usaquén y no directamente el IDU. Perfectamente lo que hace un alcalde local lo pude hacer una dependencia de una entidad del Distrito a menor costo y mayor eficiencia.

Asimismo, la labor de control político la dividimos en dos, toda vez que el Concejo, cuyo sostenimiento cuesta $71 mil millones anuales, supervisa la gestión de las Secretarías y sus entidades dependientes, mientras que al mismo tiempo los ediles en las JAL controlan la actuación de los alcaldes locales.

Evidentemente, lo que mantiene vivo este pésimo modelo de gestión son las estructuras políticas de la ciudad que se alimentan de esta burocracia innecesaria, dado que una localidad implica mantener presupuestalmente alcaldes locales, ediles, contratistas, una infinidad de gastos de funcionamiento y disponer de un monto de contratación para nada despreciable. Es como tener una caja menor a la mano…

Por eso, es que no ha habido periodo donde no estalle un escándalo de contratación en las alcaldías locales. El modelo está mal diseñado, se paga dos veces por cumplir la misma función, la ejecución presupuestal de la ciudad se fragmenta sin necesidad alguna y el derroche burocrático es incontrolable.

Ojalá que algún día se profundice el debate sobre la organización administrativa de Bogotá y se entienda que hasta que no cambiemos este inoperante y costoso modelo estaremos condenados a repetir una y otra vez la misma historia de corrupción en las localidades.

@LuisFerCruz12

Publicado: julio 8 de 2020